El ministro de Derechos Humanos se opone a la privatización de presidios que debate Brasil

Brasilia, 2 feb (EFE).- El ministro de Derechos Humanos de Brasil, Silvio Almeida, se declaró en contra este viernes de una posible privatización de los presidios que se debate en el seno del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

"La privatización de presidios o del sistema socioeducativo abre más espacio para la infiltración del crimen organizado" y supondrá al mismo tiempo una mayor "pérdida de espacios del Estado brasileño" en el sistema carcelario, desde el interior del cual ya operan diversas bandas delictivas, dijo Almeida en una rueda de prensa.

Aludió así a una propuesta del Ministerio de Hacienda, que apunta a incluir el sistema penitenciario en un programa de sociedades público-privadas mediante una concesión de muchos de los servicios que se prestan a las cárceles.

Almeida aclaró que, desde el punto de vista constitucional, no es posible la "privatización de la ejecución penal", pero subrayó que una cesión al sector privado de los servicios convertiría a las cárceles en "un gran negocio" y atraería al crimen organizado.

"Eso no se puede permitir porque es inconstitucional y tampoco se puede permitir desde el punto de vista político", en un gobierno de carácter progresista como el que preside Lula, enfatizó.

Almeida explicó que su despacho dedicó buena parte del año pasado a analizar la situación del sistema penitenciario y constató que existen graves problemas en las áreas de salud y alimentación, así como persisten prácticas de tortura y malos tratos, en un contexto de "sistemáticas violaciones de los derechos humanos".

En Brasil, de acuerdo a datos oficiales, a fines de 2023 había 832.300 personas encarceladas, en un sistema penitenciario que sólo tiene capacidad para 600.000 detenidos.

Desde las prisiones operan, además, algunas de las mayores bandas criminales del país e incluso algunas con tentáculos regionales, como el Primer Comando de la Capital (PCC), nacido hace más dos décadas en las cárceles del estado de São Paulo y hoy expandido a varios países de Suramérica.

Según Almeida, para garantizar la dignidad y la recuperación de las personas en prisión, es necesario que se "recupere la presencia del Estado" en los penales y no que se abran las puertas para el sector privado, que pasaría a tratar como "negocios" esa penosa situación.

"Los problemas de los presidios nacen de la ausencia del Estado", sostuvo.

"Lo que pasa en las cárceles se expande luego hacia afuera" y compromete la seguridad pública, que el Gobierno de Lula pretende garantizar para toda la sociedad, indicó el ministro, quien agregó que es "falso pensar que exista seguridad sin derechos humanos".