Asunción, 2 nov (EFE).- La Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, que reúne a comunicadores y representantes de instituciones del Estado, urgió este jueves para que se apruebe en el Congreso un proyecto de ley de protección y seguridad de los reporteros y de los defensores de derechos humanos en el país.
"En el poder Legislativo se halla en discusión un proyecto de ley que apunta a garantizar el ejercicio del periodismo con seguridad. Urge que el estudio avance y se cuente con una ley sobre el tema", señaló esta organización creada en 2017, en un comunicado difundido con motivo del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
En abril pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentó el proyecto de Ley “De protección y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos", cuyo trámite está en el Legislativo.
Además, la organización señaló que desde 1991 han sido asesinados 21 periodistas en el país y se han registrado alrededor de 700 casos de agresiones, amenazas, ataques y otras formas de violencia contra comunicadores.
"En Paraguay, las cifras de violencia contra periodistas y trabajadores/as de prensa nos ubican como uno de los países más peligrosos de la región para la labor periodística", señala la nota, según la cual "alrededor del 90 % de los crímenes ocurridos se mantiene en la impunidad".
La Mesa indica que, "con razón, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al Paraguay como una de las 'zonas silenciadas' junto a territorios de México, Colombia y países de América Central".
Entre otras, alerta que "la presencia y poder del crimen organizado en zonas del país, principalmente en las regiones fronterizas, son componente principal y las causas más frecuente de los ataques, amenazas y hasta muertes sufridas" por los periodistas.
La agremiación se refirió al asesinato, en febrero de este año, de Alexander Álvarez, periodista de la Radio Urundey FM, quien fue atacado por sicarios en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil.
También denuncia el caso de Vicente Godoy, un comunicador de Horqueta, en el departamento de Concepción (también fronterizo con Brasil), quien -según la nota- "se vio obligado a huir del país y solicitar asilo en el extranjero" debido a amenazas.
En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Paraguay por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón Zaván, ocurrido el 26 de abril de 1991, y por la falta de investigación efectiva para esclarecer los hechos. EFE
lb/jrh
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