LIMA (AP) — El mandatario peruano Pedro Castillo exigió el jueves que se investigue la retención temporal de dos periodistas que investigaban al entorno presidencial en una localidad de los Andes y a quienes, según los reporteros, les quitaron sus equipos de trabajo.
En su cuenta de Twitter Castillo rechazó “enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión”.
La fiscalía inició una investigación por supuesto secuestro y hurto en agravio del periodista Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdiviezo, del programa televisivo Cuarto Poder de la televisora local América.
El suceso ocurrió en la localidad La Palma, a varias horas de San Luis de Puña, el pueblo rural donde viven los padres del mandatario. Los pobladores retuvieron a los periodistas aparentemente por estar molestos con los contenidos de dos reportajes difundidos el domingo por Quispe, quien investiga al mandatario y su familia.
En el primer reportaje Quispe investigó el origen del dinero con el que se aplanó un terreno -dentro de la propiedad de los padres del mandatario- para que aterrice un helicóptero que transporta al presidente cuando desea visitar a sus familiares. La segunda historia fue la difusión de un video de 2021 donde se observa a la cuñada del mandatario realizando una encuesta en un poblado rural llamado La Succha y cercano a La Palma, que iba a servir como requisito de un proyecto financiado con dinero público para dotar a la zona de agua y desagües.
La difusión del segundo reportaje provocó el inicio de una investigación fiscal preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias contra Yenifer Paredes, la cuñada del mandatario y que fue criada desde pequeña por él como una hija. Los fiscales han llamado a Paredes y a la primera dama, Lilia Paredes, tras encontrar registros en el Palacio Presidencial de las visitas del dueño de la empresa que va a realizar el proyecto de saneamiento en La Succha.
La víspera la televisora América interrumpió su transmisión nocturna para dar pase en vivo a Quispe, quien leyó en un comunicado: “fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes... como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares”.
Quispe dijo el jueves a la radio local RPP que los pobladores le dictaron el comunicado que leyó la víspera y que le retuvieron sus equipos de trabajo. Dijo que no fueron amenazados de muerte, pero indicó que tuvieron fuertes discusiones con los pobladores y que algunos tenían látigos en las manos.
El periodista también dijo que el alcalde distrital de Chadin -donde están ubicadas La Palma y La Succha- estuvo presente durante la retención pero no logró neutralizar a los pobladores. The Associated Press intentó comunicarse con el alcalde César Castillo para tener su versión de los hechos, pero no tuvo respuesta al momento.
El reportero señaló a los pobladores que lo retuvieron como miembros de la ronda campesina, una forma de organización rural que surgió en el siglo pasado para combatir el abigeato y luchar contra la delincuencia rural. AP no recibió respuesta a un pedido de comentarios hecho a un representante de las rondas campesinas.
La Sociedad Interamericana de Prensa -que representa a más de 1.300 publicaciones- dijo en un comunicado que “la naturaleza de esta acción de los ‘ronderos’ no sólo es un atentado contra los periodistas y el medio de comunicación, sino una agresión contra todas las instituciones públicas del país”.
El mandatario Castillo ha tenido una áspera relación con la prensa local, sobre todo la capitalina, desde que era candidato presidencial. En enero le dijo la radio local Exitosa “nunca leo periódicos y créeme que no miro ni televisión… no hay nada que sacar de los periódicos”.
“En la campaña hicieron de todo conmigo", se quejó.
La víspera el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley para castigar con hasta cuatro años de cárcel a quienes difundan informaciones de investigaciones fiscales.
Castillo es el primer presidente de Perú investigado en funciones por la fiscalía por el supuesto delito de organización criminal y corrupción. Según la hipótesis fiscal el mandatario encabeza un grupo que obtenía dinero de licitaciones estatales. Sus dos sobrinos, un exministro y su exsecretario presidencial están prófugos y la justicia les ha dictado la prisión preventiva.