BUENOS AIRES (AP) — En un marco de aguda pobreza e inflación, organizaciones sociales y políticas argentinas iniciaron el martes desde distintos puntos del país una marcha de tres días en reclamo de más trabajo y aumentos salariales y en contra de las políticas de ajuste que atribuyen al Fondo Monetario Internacional.
El puntapié de la masiva protesta -la mayor organizada desde principios de año- se produjo en La Quiaca, en el extremo norte del país, desde donde partió una columna de manifestantes que se dirige a Buenos Aires. Luego, desde distintas localidades del norte y sur, otras columnas comenzaron a movilizarse para concluir su recorrido el jueves en la Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno, en una manifestación que promete ser masiva.
La llamada Marcha Federal fue convocada por varias agrupaciones bajo consignas como “el pago de la deuda es ilegal e ilegítima, por el trabajo genuino y el aumento de salario y para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza”.
Argentina está inmersa en un escenario de creciente suba de precios, un problema para el cual el gobierno del peronista Alberto Fernández no encuentra solución. En marzo la inflación fue de 6,7%, la más alta en 20 años, y de 55,1% comparada con el mismo mes de 2021.
La pobreza afecta a 37,3% de los argentinos, según datos del segundo semestre de 2021, pero analistas creen que se ha disparado por efecto de la inflación.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, dijo a The Associated Press por teléfono desde La Quiaca que "Argentina sufre una de las peores crisis de los últimos años con mucha gente por debajo de línea de pobreza y una gran desocupación".
“El gobierno tiene que escuchar nuestro reclamo a partir de que la realidad social nos está dando la razón; si no, profundizaremos nuestro plan de lucha", advirtió el dirigente izquierdista.
Bellini estimó que más de 300.000 personas participarán en la protesta a lo largo de su recorrido.
El Frente de Organizaciones en Lucha cuestionó por su lado el acuerdo alcanzado con el FMI en marzo para refinanciar la deuda y la próxima llegada al país de técnicos del organismo que revisarán la situación económica “para cerciorarse de que la clase gobernante haya cumplido con las órdenes, que no son otra cosa que mayores niveles de ajuste y achicamiento del gasto público”.
El acuerdo busca refinanciar una deuda de unos 45.000 millones de dólares tomada durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) y contempla el cumplimiento de varias metas, como una reducción del déficit fiscal.
Otras organizaciones acotaron que “la verdadera deuda es con el pueblo” y se quejaron de que presentaron propuestas al gobierno para generar “miles de puestos de trabajo genuino” sin haber recibido respuesta.
Estas agrupaciones -que son beneficiadas con precarios programas de ayuda labroal- exigen al gobierno mejores condiciones en momentos en que el Ejecutivo está cerrando acuerdos de actualización salarial con sindicatos que representan a distintos sectores formales de la economía, con incrementos de hasta 60%.
La marcha se produce mientras se desarrolla la primera de las audiencias públicas para definir aumentos en las tarifas de gas y luz así como un esquema según el cual los usuarios de más poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios y en vísperas de que se conozca la tasa de inflación de abril, que sería mayor al 5%.
También tiene lugar cuando el gobierno sufre una desgastante interna entre el presidente Fernández -de gira por Europa durante esta semana- y la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien cuestiona el entendimiento con el FMI y reclama un giro en la política económica.
El ministro de Economía, Martín Guzmán -que tiene el respaldo del mandatario- ratificó el plan económico en curso. El funcionario señaló en un encuentro con empresarios que el país necesita “actuar con seriedad” y alcanzar ciertos consensos, como la sostenibilidad fiscal, para lo cual es necesario ordenar las cuentas públicas.
“Guzmán está siguiendo el libreto del FMI... la interna del gobierno es problema del gobierno, nuestros problemas son la falta de trabajo y una realidad que no se aguanta más”, sostuvo al respecto Belliboni.
Otras protestas se han producido en los últimos meses, varias de las cuales han colapsado Buenos Aires con campamentos callejeros de familias que reciben subsidios estatales que les resultan insuficientes.