El gobierno español del socialista Pedro Sánchez consiguió este jueves aprobar un paquete de medidas contra la crisis pese al voto en contra de sus aliados parlamentarios del independentismo catalán, indignados por el supuesto espionaje masivo al que fueron sometidos.
El voto a favor de los independentistas vascos de EH Bildu hizo que el gobierno de izquierdas pudiera prescindir de los 13 diputados de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), que, con su voto negativo, reprocharon al ejecutivo que "no asumiera responsabilidades por el espionaje del caso Pegasus", según explicaron en un comunicado.
"Queda convalidado el decreto ley", anunció la presidenta del congreso, Meritxell Batet, tras la aprobación por 176 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención.
Sánchez se congratuló por la aprobación, estimando que "lo que ha prevalecido es el interes general, el interés de los ciudadanos frente a la politiquería de algunos que anteponen sus intereses partidistas al bien común", dijo a la prensa a las puertas del congreso.
Este paquete anticrisis, destinado sobre todo a compensar el impacto económico de la guerra en Ucrania, tendrá vigencia hasta el 30 de junio, y consiste en una serie de ayudas directas por valor de 6.000 millones de euros (6.580 millones de dólares).
Entre ellas, una subvención de 20 céntimos de euro a cada litro de carburante, de los cuales 15 céntimos están financiados por el Estado y 5 céntimos por las compañías petrolera, o la prolongación del recorte del IVA que grava la energía.
El paquete estaba en vigor desde el 1 de abril como decreto ley, pero necesitaba la aprobación del congreso.
El escándalo del espionaje estalló con la publicación del informe de una organización canadiense afirmando que se intervinieron y espiaron, entre 2017 y 2020, los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista con el programa israelí Pegasus.
Este programa permite, una vez instalado en un celular, acceder a mensajes, datos, y activar el aparato a distancia para grabar imágenes o sonido.
Los independentistas acusan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de estar tras un espionaje que el gobierno de Sánchez no niega ni confirma, pero siempre sosteniendo que los servicios de inteligencia actúan por cauces legales.
El CNI actúa "ateniéndose escrupulosamente a la ley", aseguró Sánchez en el congreso de los Diputados el miércoles, al tiempo que prometía "rendir cuentas" por este caso, una respuesta considerada "insuficiente" por los independentistas catalanes.
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