En su pequeña tienda de la Zona 25, en las afueras de la capital de Malaui, Jean Minani y su esposa desempaquetan cajas de cartón después de que un tribunal suspendiera temporalmente la orden de retornar al campo de refugiados de donde se habían ido.
"Había metido toda mi tienda en cajas para preparar la mudanza al campamento", explica Jean Minani, en un perfecto chichewa, la lengua oficial.
El mes pasado las autoridades ordenaron el retorno al campamento de Dzaleka, a unos 50 km de Lilongüe, de todos los solicitantes de asilo que se habían escapado en busca de una mejor situación.
Una decisión incomprensible para muchos de los que se ven obligados a dar un paso atrás.
"No nos gusta la idea de volver al campamento", dice Minani, que teme contagiarse el coronavirus.
Minani se asiló hace 13 años en Malaui e instaló un comercio de objetos de aseo en un municipio en las afueras de Lilongüe, la capital.
El ministro de Seguridad Interior, Richard Chimwendo, ordenó en abril a unos 2.000 refugiados que viven fuera de Dzaleka que vuelvan al campamento, y afirmó que el hecho de que vivan entre la población local representa una amenaza para la seguridad nacional.
"No los estamos expulsando, solo queremos que estén donde deben estar", dijo Richard Chimwendo, dándoles de plazo hasta el 28 de abril, una fecha suspendida desde entonces.
"Los que tengan empresas y quieran hacernos llegar sus casos, podremos tratarlos caso por caso, pero tendrán que hacerlo desde Dzaleka. Primero que vayan al campamento", dijo, negando que los esté discriminando.
La Alta Corte les dio una tregua al suspender la medida a la espera de examinar el caso.
Preguntada por la AFP, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dice que aconseja "fuertemente al gobierno" que abandone este proyecto liberticida porque el regreso al campamento de estos refugiados agravaría "el hacinamiento de los colegios, la búsqueda de agua y los temas sanitarios".
- "Vivir libremente como otros" -
Como les sucede a muchos refugiados integrados, los Minani no se pueden creer que tengan que volver a Dzaleka: "Sobre todo por la promiscuidad, en tiempos de pandemia", dice el tendero. "Nuestros dos hijos pronto van a pasar exámenes en el colegio y la comida nunca llega. Nos dan" el equivalente a cuatro euros (4,8 dólares) por mes, "no podemos sobrevivir con esto".
Si el tribunal confirma la decisión gubernamental, tendrá que regresar. "No creo que tengamos otra opción", dice. Pero si los refugiados acaban apiñados, "moriremos allí".
"Pedimos al gobierno que nos lo evite, que nos deje vivir libremente como otros refugiados en otros países".
Kanamula John, que representa a los ruandeses en el campo, también teme el hacinamiento. "Pedimos al gobierno que reconsidere su posición. Algunos de nosotros nos hemos casado con mujeres malauíes y hombres malauíes se han casado con refugiadas. No sabemos qué será de nuestros hijos".
El burundés Ntizo Muheba, que vive en Malaui desde 2005, ha vuelto al campamento pero duerme a la intemperie. No tiene techo. Alquilaba una casa en Lilongüe, pero el propietario lo expulsó tras el anuncio gubernamental. "Tengo cuatro hijos, es duro vivir así", dice.
El campamento, concebido inicialmente para albergar a 10.000 refugiados, tenía más de 49.000 a finales de marzo, con unas 500 nuevas llegadas por mes, según ACNUR.
La mayoría son congoleños (62%), pero también hay burundeses (23%) y ruandeses (14%).
El congoleño John Muhirwa también espera que el gobierno "les permita vivir fuera del campamento. Vivíamos en paz con los habitantes locales", insiste.
Las oenegés exhortan al gobierno a respetar a los refugiados y asegurarse de que sus inversiones sean protegidas. "Hay que evitar que la gente aproveche para apoderarse de sus bienes o saquearlos", declara Gift Trapence, presidente de la Human Rights Defenders Coalition.
Malaui firmó la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y formuló nueve reservas, una de ellas sobre los campamentos de refugiados, afirma ACNUR.
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