A BORDO DEL AVION PAPAL (AP) — El papa Francisco defendió el martes un controversial allanamiento de la agencia supervisora de las finanzas del Vaticano, y dijo que demostraba que el sistema de control interno del Vaticano funciona.

Francisco dijo que autorizó el registro del 1 de octubre luego de que un fiscal criminal del Vaticano le presentara evidencia de corrupción que involucraba una inversión de la Santa Sede en una empresa inmobiliaria de Londres.

Sin embargo, el registro a la Autoridad de Información Financiera (AIF) y la incautación de documentos, computadoras y teléfonos celulares, provocó que el Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera suspendiera al Vaticano de su red segura de comunicaciones.

Lo hizo ante preocupaciones de que la AIF ya no pudiera garantizar que los documentos intercambiados entre miembros vía Egmont se mantendrían confidenciales y seguros, como es requerido.

Eso significa que la Santa Sede es una vez más un paria financiero, externo al grupo de países que intercambian datos financieros en la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.

La entrada en 2013 de la AIF a Egmont, una entidad internacional de 164 unidades públicas de inteligencia financiera, fue un importante logro en las gestiones de la Santa Sede de limpiar su reputación como un paraíso fiscal plagado de escándalos.

El allanamiento fue provocado por las acciones de la secretaría de estado del Vaticano, que en 2012 destinó 150 millones de euros (165 millones de dólares) a un edificio de departamentos de lujo en el barrio Chelsea de Londres. La hipoteca resultó ser onerosa, la propiedad perdió valor ante las preocupaciones del Brexit y los intermediarios que administraban el negocio ganaban millones en honorarios del Vaticano.

La secretaría de estado decidió en 2018 comprar todo el edificio, pero necesitaba un préstamo de 150 millones de euros adicionales del banco del Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras Religiosas (IOR), para poder comprar la parte de los otros inversores y así poder anular la hipoteca.

El director del IOR, quien es cercano a Francisco, y la oficina del auditor general hicieron sonar la alarma cuando los fiscales del Vaticano argumentaron que la compra se veía sospechosa, lo que dio pie al allanamiento.

Francisco insistió en que los fiscales tenían el derecho y deber de confiscar y retener los documentos de AIF como parte de su investigación.