La semana pasada se dio media sanción en la Cámara de Diputados a la ley de acceso a la información pública —gran avance para nuestro país— y en las discusiones no faltaron referencias, atribuciones y citas a la Comisión Interamericana, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema de protección de derechos humanos, que fue el primero en reconocer el acceso a la información como un derecho humano autónomo y que ha luchado incansablemente contra las violaciones de derechos humanos en la región, actualmente enfrenta la peor crisis financiera de su historia, producida no por corrupción, ni por desfalco, sino por falta de voluntad política para financiarlo.
Hace unos días, la Comisión Interamericana comunicó que a fines de julio vencen los contratos del 40% de su personal y que, debido a la crisis financiera del organismo, dichos contratos no podrían renovarse. Esta situación, de concretarse, repercutirá directamente en la capacidad de la Comisión para monitorear, promover y proteger los derechos humanos en nuestra región. En particular, quedará seriamente reducida la capacidad del organismo para procesar las miles de denuncias de violaciones de derechos humanos que recibe cada año y su habilidad para tomar medidas urgentes, y agravará el atraso procesal que ya tiene.
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La Comisión decidió además suspender las sesiones y las audiencias que tenía planeadas para el segundo semestre de 2016 por no poder afrontar el gasto. Frente a este panorama, el presidente de la Comisión Interamericana, James Cavallaro, sentenció, con la claridad que lo caracteriza: "O los jefes de Estado de América Latina y el Caribe toman la decisión política de darle vida al sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, o seremos testigos de su colapso".
¿Por qué nos importa? Porque a lo largo de más de cinco décadas la Comisión ha monitoreado y denunciado los ataques y las persecuciones contra periodistas, defensores y cualquier persona víctima de un atropello a su libertad de expresión o de cualquier otro de sus derechos fundamentales, tanto en nuestro país como en todos los demás países de la región. Porque el sistema interamericano no sólo fue el primero en reconocer el derecho de acceso a la información, sino también el que acompañó a nuestro país en el proceso de despenalización de la expresión, empezando con la derogación del desacato en el acuerdo firmado en la Comisión entre los peticionarios y el Estado argentino, en 1994. Fue la Comisión la que reconoció el derecho al silencio como parte de la libertad de expresión en el caso de los testigos de Jehová (Argentina). Y también fue en el marco del sistema que pudieron dirimirse casos como el de "Kimel contra Argentina", gracias al cual se modificaron los delitos de calumnias e injurias y se excluyó del tipo penal a la información de interés público, lo que logró reducir la cantidad de casos penales iniciados en nuestro país por figuras públicas contra figuras públicas, en cuestiones de interés público.
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La labor de la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión ha sido fundamental aliada en el desarrollo del derecho a la libertad de expresión en la región. Mucho queda por hacer en esta materia (y en tantas otras) en Argentina y pocos son los mecanismos eficaces existentes para hacerlo. Argentina tiene una oportunidad única de liderar con el ejemplo apoyando la labor de la Comisión Interamericana, exigiendo que la Organización de Estados Americanos garantice los fondos necesarios para su normal operación, y pidiendo de sus pares el apoyo que la institución necesita para evitar su colapso. #SalvemosLaCIDH.
iDirectora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo/i
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