El juez Sergio Moro, de Curitiba, Brasil, quiere saber si Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, ha ocultado parte de su patrimonio y ha lavado dinero proveniente de la red de corrupción montada en la petrolera estatal Petrobras.
Una veintena de poderosos empresarios y medio centenar de políticos de primera línea están acusados de montar una estructura para desviar unos 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2010, provenientes de sobornos para la adjudicación de contratos.
Lula siempre ha proclamado su inocencia. En un comunicado difundido el 3 de marzo pasado, el Instituto Lula ha dicho en su nombre que el ex mandatario "jamás participó, directa o indirectamente, en ninguna ilegalidad, ni en los hechos investigados por la operación Lava Jato ni en ningún otro, antes, durante o después de su gobierno". Lava Jato es el nombre en portugués que la Justicia ha dado a la investigación en Petrobras.
En las últimas semanas, Lula ha divulgado varias notas para defenderse de las acusaciones de que fue beneficiado por empresas que participaron en la red. Esas empresas, según la acusación judicial, habrían pagado reformas en propiedades que se le atribuyen al ex presidente.
La atención se ha puesto, sobre todo, sobre un apartamento en el litoral de San Pablo y una casa de campo en la misma zona, que Lula habría recibido como favor de algunas constructoras implicadas en la red de sobornos.