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La convocatoria surge luego de que el Fondo Aurelius le solicitó a Griesa que verifique la calificación de estos títulos ya que afirman tener pruebas de que fueron colocados en el exterior.
En ese caso, los holdouts le requieren al magistrado que extienda a estos títulos la orden de bloqueo de pago, que mantiene para los bonos con legislación internacional que fueron entregados en los canjes 2005 y 2010.
La audiencia fue ordenada el 30 de julio por Griesa y los abogados argentinos aportarán las pruebas para demostrar que los Bonar son deuda interna y que no quedan dentro de su jurisdicción.
Se prevé que los holdouts argumentarán que pueden demostrar que parte de la colocación de esos títulos se hizo en el exterior y que estuvieron involucradas entidades internacionales, sobre las que solicitaron sanciones, lo mismo que a los compradores, por ser "cómplices del desacato".
Griesa también deberá apelar a la información que puedan acercarle las instituciones bancarias que fueron acusadas por los holdouts.
La audiencia se celebrará 48 horas después de que la Cámara de Apelaciones le ordenó a Griesa que revise un fallo que favorecía a los denominados me too.
En este caso, la Corte le solicitó al juez que discrimine entre acreedores que mantuvieron sus títulos en sus carteras por varios años y aquellos que pudieran haberlos comprado en el mercado secundario en forma especulativa.
Esta sentencia -la primera de trascendencia en favor de la Argentina en lo que va de este juicio- aliviaría la deuda consolidada con holdouts que en estos momentos es del orden de 7 mil millones de pesos.
Asimismo, derribaría el argumento del Gobierno de que un arreglo con holdouts inevitablemente dispara obligaciones con acreedores en similares condiciones por 20 mil millones de dólares.