Con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó un embargo por $82 millones a la empresa IBM con el objetivo de que el Estado "recupere activos" por una causa iniciada hace más de 20 años por el pago de sobreprecios.
La decisión judicial respondió a un pedido de la Oficina Anticorrupción que había sido denegado por tribunales inferiores. La Justicia analiza el pago de sobreprecios por casi $120 millones relacionados con la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI con la empresa informática en 1994.
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El embargo por casi $82 millones claramente no se acerca al pago inicial que investigan los jueces. En aquel entonces, $120 millones eran equivalentes a 120 millones de dólares. Desde la Oficina Anticorrupción no descartan pedir una actualización de las cifras.
Hace diez días, la Cámara había revocado el sobreseimiento de once imputados que habían sido beneficiados por un fallo que consideraba prescripta la causa. Los magistrados enviaron la causa al tribunal de origen y le ordenó que se celebre en forma urgente el debate oral y público que está pendiente.
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Esta causa es paralela a otro expediente resonante: el caso IBM-Banco Nación, en el que se pagaron sobornos por 21 millones de dólares para la informatización de la banca pública. Parte de la coima se recuperó y los acusados firmaron un juicio abreviado, en el que se declararon culpables y aceptaron ser condenados a penas de prisión en suspenso.