fue acribillado a balazos el 25 de septiembre de 1973. Apenas dos días antes, Juan Domingo Perón había sido elegido presidente por tercera vez con casi el 62% de los votos. Rucci era secretario general de la CGT y una pieza clave en el armado político de Perón.
La cúpula de Montoneros –enfrentada por entonces con Perón– nunca reconoció públicamente la autoría del crimen, pero la Justicia concluyó que Rucci fue asesinado por esa agrupación. Así lo determinó el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa. Sin embargo, en agosto de 2012 la archivó al considerar que no se trató de un delito de lesa humanidad.
La Justicia no considera crímenes de lesa humanidad a los ataques perpetrados por integrantes de organizaciones guerrilleras. Sin embargo, la familia de Rucci cree que para matar al sindicalista se utilizaron recursos del Estado.
En abril de 2013, la Cámara Federal porteña consideró "prematura" la decisión de Lijo y ordenó la reapertura de la causa. Para este decisión fue determinante la publicación del libro iOperación Traviata/i, de Ceferino Reato, que aportó nuevos datos sobre lo ocurrido.
Miguel Ángel Plo, abogado patrocinante de los hermanos Claudia y Aníbal Rucci, los hijos del gremialista, viene solicitando desde hace un buen tiempo que sea citado a declarar el periodista Miguel Bonasso, quien dirigió el diario Noticias –financiado por Montoneros– y además integró esa organización. Ahora, Lijo dispuso nuevas medidas en la investigación, y como parte de estas, citó a Bonasso en calidad de testigo para el próximo 5 de marzo.
No es la primera vez que Bonasso es llamado a declarar en la causa. El periodista recibió dos citaciones anteriores, pero no concurrió, alegando que las preguntas que el magistrado le iba a realizar tenían "un claro defecto legal".
Más allá del silencio de los sobrevivientes de la Conducción Nacional de Montoneros –como Mario Firmenich y Roberto Perdía–, numerosos testimonios de otros integrantes de la guerrilla peronista, de segunda y tercera línea, no solo reivindican la operación, conocida como "Traviata", sino que también aseguran que fueron utilizados recursos del Estado para la logística.
En ese sentido, la clave está en demostrar que Montoneros tuvo apoyo estatal –recursos de la gobernación bonaerense– para que el crimen sea imprescriptible. Por ese entonces, la provincia era gobernada por Oscar Bidegain, quien se había acercado demasiado a la "Tendencia". Muchos de sus funcionarios eran de Montoneros. Numerosos testimonios dan cuenta del uso de vehículos oficiales como parte de la operación para matar a Rucci.
En este punto radica la importancia del testimonio de Bonasso. Según supo Infobae, las preguntas del juez están orientadas sobre los vínculos de los integrantes de la guerrilla montonera con organismos oficiales. Tanto nacionales, como bonaerenses, y de otras provincias cuyas gobernaciones tenían vínculos con Montoneros.
Lijo también busca saber que conocimiento tenía Bonasso de algunos nombres que surgen en la investigación, como el de Ernesto Jauretche, quien habría facilitado un departamento cercano al de Rucci, desde el que se habría preparado el crimen. Jauretche fue subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense en la citada gestión de Bidegain.
El magistrado también le preguntará a Bonasso si tomó conocimiento en aquellos violentos años 70 sobre la posibilidad de que dos miembros de Montoneros, Gloria Bidegain (hija de Oscar) y Carlos Kunkel (actual diputado kirchnerista) hayan tenido acceso a los arsenales de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario bonaerense, de donde sustrajeron armas. Estima que éstas fueron usadas después para matar a Rucci.
Más allá de los ejecutores, en el asesinato participaron grupos que hicieron inteligencia, sanidad, apoyo logístico o contención. Muchos de los que integraron estos grupos están vivos. Cuarenta años después, tal vez tengan que explicar su papel en uno de los crímenes políticos más resonantes de la historia argentina.