El Senado tratará el próximo miércoles el proyecto de reforma del Código Procesal Penal en un debate en el que el oficialismo contará con el número necesario para aprobarlo, mientras que la oposición medita un posible apoyo en general para pedir más cambios en particular.
El último miércoles, los senadores oficialistas firmaron el dictamen del proyecto en soledad, a pesar de haberle hecho 42 modificaciones, de las cuales varias habían sido solicitadas por la oposición, en sintonía con algunos de los especialistas que pasaron por el plenario de comisiones.
El proyecto requiere de una mayoría simple (37 votos) para ser aprobado y hasta el momento el oficialismo alcanza por sí solo ese número, aunque la idea del bloque del Frente para la Victoria es que el proyecto salga del Senado con el mayor consenso posible, por ello aceptó muchas de las modificaciones sugeridas.
No obstante, en los bloques opositores no se descarta un voto a favor del proyecto en general y votar en contra de algunos artículos en particular, como puede ser el referido a los extranjeros, que pese a haber sido morigerado todavía es criticado en algunos bloques.
La UCR anunció que definirá su postura en la reunión de bloque que tendrá el próximo martes, pero ya deslizó algunos puntos de acuerdo con el dictamen, como "la necesidad de reformar el actual el sistema inquisitivo por uno acusatorio que otorgue mayor agilidad a la investigación del delito y al debido proceso".
También admitió que "el oficialismo aceptó modificaciones propuestas por el radicalismo en diversos puntos del proyecto", como la eliminación del concepto de "conmoción social" como causal para la prisión preventiva.
Sin embargo, tanto el radicalismo como el interbloque FAP-UNEN se oponen a lo referido a la expulsión de extranjeros y al anexo dos de la iniciativa, donde se prevé la creación de nuevos cargos en el Ministerio Público en una cantidad que para la oposición es "excesiva".
Por ello, presentarán dos proyectos: uno para reglamentar el juicio por jurados, previsto en la Constitución e incorporado al proyecto, y otro para reformar la ley del Ministerio Público con el fin de "establecer controles internos y externos del organismo y la actuación de los fiscales".
Mientras la oposición debate su postura definitiva, el destino del proyecto se mantiene en suspenso, dado que los senadores oficialistas Miguel Ángel Pichetto y Aníbal Fernández no descartaron realizarle más cambios a la iniciativa durante su tratamiento en el recinto.