San Luis: tras la difusión de fotos con maltratos a reclusos, echaron al jefe del Servicio Penitenciario

A la intemperie, de rodillas y desnudos, así se veía a un grupo de jóvenes en medio de una requisa, en una serie de fotos que trascendieron la mañana de este miércoles, tras lo cual el CELS emitió un duro documento e intervino el gobierno provincial.

Las imágenes fueron tomadas el 22 de abril de 2013 y en ellas incluso aparece el entonces director de la unidad, Mariano Ibáñez, quien ya no está en el cargo pero se lo investiga por los hechos.

La noche anterior se había desatado una pelea entre los internos que dejó a un menor herido con arma blanca, por lo cual se sometió a los presos, de entre 18 y 20 años, a esa requisa, según la información de SanLuis24, el medio que publicó las fotos tomadas en un patio de recreación del pabellón de menores.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales denunciaron que "estos hechos no constituyen una situación aislada", sino que es un problema "de carácter estructural y cotidiano" la problemática "de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en la Argentina".

A causa de esto, el gobernador peronista Claudio Poggi solicitó, a través del ministro de Seguridad, Martin Olivero, la renuncia al jefe del Servicio Penitenciario Provincial, y en los próximos días se conocerá su reemplazante, informó la Agencia de Noticias de San Luis.

La unidad donde se tomaron las fotos está sobre la Ruta 3, a quince minutos de la capital provincial, y se trata del único penal que tiene San Luis hasta el momento: en él funciona un pabellón de menores, donde fueron tomadas las fotos del escándalo.

"Repudiamos este tipo de prácticas y exhortamos al gobierno provincial de San Luis para que disponga todos los mecanismos necesarios para prevenir los tratos crueles e inhumanos", sostuvo, por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

El funcionario nacional advirtió que evalúa presentar ante la Justicia una denuncia, debido a que "resultan inaceptables este tipo de prácticas". "Los argentinos no podemos tolerar estos tratos porque son flagrantes violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. En consecuencia, evaluaremos la realización de una denuncia", planteó Fresneda en un comunicado.