Un diputado oficialista se sumó a las denuncias de corrupción de la Iglesia contra el gobierno de Bolivia y renunció a su partido, en medio de un escándalo de tráfico de influencias que afecta a la Administración de Evo Morales.
Ever Moya, diputado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), denunció que informó en su partido sobre funcionarios del Gobierno "involucrados en actos de corrupción", pero que "nunca fueron sancionados y, por el contrario, han sido premiados". "No quiero ser partícipe ni legitimar esos actos y, por lo tanto, me estoy alejando" del MAS, partido que dejaron antes otros tres diputados, entre ellos la ex presidente de la Cámara, Rebeca Delgado, y dos senadores.
"No quiero ser partícipe ni legitimar esos actos y por lo tanto me estoy alejando"
Su renuncia coincide con una fuerte polémica entre la Iglesia católica, que denunció corrupción oficial, y el gobierno de Evo Morales, que enfrenta además un escándalo de tráfico de influencias que afecta al vicepresidente, Álvaro García Linera.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Aparicio, denunció el jueves, al inaugurar una asamblea anual, que no puede "callar ante los casos de corrupción y extorsión que lo dejan perplejo y que se van destapando en forma progresiva".
La ministra de comunicación, Amanda Dávila, replicó que la Conferencia Episcopal "aún permanece en el oscurantismo" y "antes de ser un órgano colegiado es un partido político de la oposición" que apoya posiciones "reaccionarias y conservadoras".
La declaración episcopal siguió a denuncias de un ex fiscal refugiado en Brasil sobre irregularidades en la investigación de un caso de presunto terrorismo y revelaciones de corrupción de un ex jefe de Policía preso por extorsión en Estados Unidos.
Casi en forma simultánea, otro escándalo involucró al vicepresidente Linera, al revelarse que una cuñada suya se adjudicó un millonario contrato de catering de la empresa estatal de aviación, sin licitación previa.
Al anunciar su renuncia, el diputado Moya puso como ejemplo ese escándalo y pidió "una exhaustiva investigación "de quiénes son los parientes cercanos de autoridades" del Gobierno en la mayor importadora de vehículos del país. Moya denunció que esa empresa "tiene privilegios en la nacionalización de vehículos" y que la presidente de la administración nacional de aduanas "tendría datos" sobre las sociedades con las que opera.
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