Un plenario de comisiones del Senado firmó este miércoles dictamen favorable al acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y la petrolera española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de a href="http://www.infobae.com/temas/ypf-a872" rel="noopener noreferrer" YPF/a.
De esta forma, el expediente será debatido ahora en el recinto del Senado el próximo miércoles 26 de marzo y girado a Diputados para su aprobación definitiva, el 24 de abril.
El acuerdo con Repsol –denominado "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación"– fue el fruto final de las negociaciones encaradas por el gobierno argentino y las autoridades de la empresa a partir de fines de noviembre pasado, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo.
El convenio fue rubricado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una reunión celebrada en el Palacio de Hacienda con el secretario general y del Consejo de Administración de la petrolera española, Luis Suárez de Lezo Mantilla, y el director general de Negocios de la firma, Nemesio Fernández.
El acuerdo contempla una compensación de
"por la expropiación" del 51% del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
Trasfondo con disidencias
El dictamen surgido de una reunión conjunta de las comisiones de Energía y de Presupuesto fue firmado por los legisladores del Frente para la Victoria y del Movimiento Popular Neuquino (MPN), mientras que en contra se expresaron los senadores de la UCR, el FAP y Fernando Solanas (UNEN), mientras que el peronismo disidente aún no definió la posición que asumirá.
El senador radical chubutense, Mario Cimadevilla ratificó que el bloque de la UCR podría impugnar la valuación del Tribunal de Tasaciones, que convalidó la cifra de u$s5 mil millones que, en títulos hasta el año 2033, se le pagarán a Repsol por la expropiación, tal como se convino en el acuerdo.
"No hay elementos que permitan determinar con certeza qué se está pagando. Esta Ley que propone el oficialismo es para sanear las irregularidades que hubo en el proceso de expropiación", señaló Cimadevilla.
El legislador mencionó puntualmente que no hubo valoración de los pasivos ambientales ni certificación de las reservas para determinar el "justo precio" por YPF.
Consultas a expertos
Antes de la firma del dictamen, las comisiones reunidas en el Salón Azul terminaron con las consultas iniciadas la semana pasada, esta vez con la exposición del ex subsecretario de Combustibles del gobierno de Raúl Alfonsín, Gustavo Calleja, y del abogado representante de la ONG patagónica ASSUPA, Eduardo Mertehilian.
Calleja sostuvo que el acuerdo con Repsol "no es bueno y se podría haber negociado mejor", a la vez que si bien estimó que los 5 mil millones de dólares en títulos que se le pagarán a Repsol "no es mucho", recordó que "en cinco años" la petrolera española "se llevó 15 mil millones de dólares, la tasa de retorno más alta del mundo", afirmó.
Además, Calleja aseguró que "Repsol se quería ir hace rato de la Argentina" por lo que dedujo que se le podría haber pagado "mucho menos" por la expropiación, al tiempo que aseguró que los españoles "hubieran aceptado el arreglo".
Por otra parte, el presidente del bloque de la UCR, Gerardo Morales, insistió en que "es necesario" el control de la Auditoría General de la Nación (AGN) porque si bien YPF es una Sociedad Anónima remarcó que "51% de las acciones lo vamos a pagar con fondos públicos".
También el socialista Rubén Giustiniani se sumó a la queja de Morales y apuntó que "es un disparate que no conozcamos (tampoco) el acuerdo con Chevron porque, como es una Sociedad Anónima, hay cláusulas de confidencialidad".
Después le tocó el turno de exponer a un vocero de ASSUPA, una ONG que inició cinco demandas judiciales contra YPF y Repsol por pasivos ambientales. Mertehilian señaló que la cláusula sexta del acuerdo con Repsol establece "una indemnidad amplia, absoluta y completa" con respecto a Repsol relativa a causas judiciales en trámite, entre ellas las impulsadas por ASSUPA, "que están en plena sustanciación", dijo.
El abogado, quien se especializa en derecho administrativo, fue consultado por los senadores radicales sobre si consideraba que era necesaria la tasación de la empresa previa al acuerdo, lo cual respondió afirmativamente abonando la postura del principal bloque opositor.