La aprobación de la ley de marihuana en Uruguay provocó todo tipo de reacciones. Desde gestos de aprobación, hasta disensos con respecto a esta norma que convierte al país rioplatense en el primero en el mundo en controlar el mercado de la droga. Por eso, el gobierno uruguayo realizó una conferencia en la embajada de ese país en Buenos Aires, para explicar "de primera mano" el proyecto que impulsó el presidente José Mujica.
"Queremos ir contra esta idea de que este año hay que ir a las costas de Rocha porque va a haber canilla libre de marihuana. Y sentimos que teníamos el deber de explicarla de primera mano por los lazos con la Argentina", remarcó Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas, quien estuvo a cargo de la exposición.
A su vez, el sociólogo aclaró en todo momento que la ley recientemente aprobada por el Congreso de ese país "no es una ley para promover el consumo".
"Es una herramienta que va a contribuir a desarticular a las organizaciones criminales", señaló Calzada, quien al mismo tiempo confió que "tenemos la obsesión de controlar el volumen que se consume".
El funcionario uruguayo aclaró que la ley aplica sólo para residentes, independientemente de su nacionalidad. "La ley está habilitada sólo para residentes en Uruguay. Ésa es la condición para cuadrar en la legalidad y poder adquirir hasta 40 gramos mensuales, a un precio de un dólar el gramo", explicó Calzada.
"Si un argentino o un no residente anda con medio kilo de marihuana, que es evidente que supera el consumo personal, se verá expuesto a las penas previstas por la ley del año ?74 bajo la tipificación de un acto criminal", agregó.
El sociólogo uruguayo confió que actualmente hay entre 120.000 y 150.000 usuarios de marihuana y, a su vez, el mercado mueve entre 30 y 40 millones de dólares al año.
Calzada apuntó contra las políticas que se vienen aplicando en los últimos 50 años, y adelantó que, en caso de que no haya mejoras, se puede volver atrás con la legislación: "Venimos hace 50 años con políticas que no han dado los resultados esperados. Probaremos con esto y, si vamos mal, cambiaremos".
Un nuevo cruce con la ONU
Una de las posiciones más duras con respecto a la aprobación de la ley de la marihuana fue la del presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans, quien mantuvo un cruce de declaraciones con el presidente José Mujica.
El titular del organismo que corresponde a Naciones Unidas había tildado al gobierno uruguayo de "pirata" por violar la Convención de Drogas, promulgada en 1961. Rápidamente el mandatario charrúa salió al cruce calificando a Yans como "viejo careta".
Consultado por iInfobae/i sobre las duras declaraciones del presidente de la JIFE, Julio Calzada consideró que fueron "un exabrupto de una persona que se descontrola ante el desmoronamiento de una política".
"Creo que no es una posición unánime. Hay otros miembros de la JIFE que han mencionado que no comparten ni la forma ni el tono con que este señor se expresó", agregó el sociólogo durante una conferencia desarrollada en la Embajada de Uruguay, en Buenos Aires.
Calzada cuestionó a Yans por tener una "dualidad de criterios", con relación a la dispar reacción que tuvo el presidente del organismo internacional ante el caso de Uruguay frente al de países como los Estados Unidos y Holanda.
"Otro aspecto que habla de quién es el señor Yans, es que se refiere a Uruguay de una manera abismalmente diferente a la que se refiere a los Estados Unidos, que tiene dos Estados que están en una situación incluso mucho más avanzada que la de Uruguay", disparó Calzada. Y agregó: "Qué diría de Holanda, que hace 37 años que está incumpliendo las convenciones".
Desde la aprobación de la ley de marihuana en ambas Cámaras, no hubo un gran consenso a nivel regional por parte de los principales líderes. Sin embargo, el secretario de la Junta Nacional de Drogas aseguró:"Tenemos una mirada muy positiva de las reacciones que se han producido en la región".
"Tuvimos la reunión de la CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) la semana pasada en Bogotá y, en términos generales, tuvimos una posición de respeto de todos los países, que es lo que nosotros hemos sostenido y reclamado: el deber y el derecho que nos cabe como Nación, desarrollar políticas soberanas, en la medida en que estas políticas no afecten a terceros países", resaltó Calzada.