El escrito dirigido al presidente del tribunal, Jorge Gorini, y que lleva la firma de los fiscales Alberto Nisman y Horacio Azzolín, remarca la "trascendencia institucional" del caso y la "gravedad que supone someter a juicio a una compleja maniobra de encubrimiento, pergeñada desde los más altos estamentos políticos de la época, dirigida a entorpecer y abortar la investigación" sobre el atentado contra la sede de la AMIA del 18 de julio de 1994.
Además, para dimensionar la "envergadura y relevancia en términos institucionales" del caso, recordó que hay 6 querellas y 13 procesados, entre ellos, un ex presidente, un ex juez, dos ex fiscales, un ex jefe de la SIDE y otro titular de Inteligencia.
Por eso, los fiscales le pidieron al presidente del tribunal "asumir una actitud proactiva tendiente a evitar todo tipo de situaciones que puedan conducir a la parálisis del expediente con el consiguiente riesgo de que ello se traduzca en sinónimo de impunidad, inclusive biológica, como ya ha ocurrido en este proceso". El escrito se refería a Munir Menem, fallecido durante la tramitación del expediente.
Los fiscales consideran que luego de la recusación del juez Pablo Bertuzzi "el expediente ha ingresado en un sinfín de excusaciones y apartamientos de otros magistrados de este fuero".
En efecto, los funcionarios contaron siete jueces recurridos, más dos excusados con anterioridad, es decir, tres cuartas partes del fuero, lo que "conspira contra la integración definitiva del tribunal e impacta directamente en los derechos a las víctimas, tanto como en los que le asisten a todo imputado".
En ese contexto, Nisman y Azzolín manifestaron su preocupación de que "acabe de configurarse una verdadera situación de privación de Justicia" y pidieron que el magistrado "tenga a bien arbitrar los medios a su alcance a los efectos de que a la mayor brevedad posible se consolide la integración definitiva del Tribunal de Juicio, se provea la prueba que ya ha sido presentada por las partes y se fije la fecha del debate".