La normativa establece los márgenes de ganancia que pueden tener los empresarios y sanciona a los comerciantes que especulen. Qué ganancia es aceptable y qué se considera especulación queda a criterio del Poder Ejecutivo.
En un principio se congelaron 18 productos. Entre ellos, agua mineral, jugo de fruta, cloro, jabón, lavaplatos líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y pañales.
A diferencia de los controles imperantes desde 2003, los congelamientos dejaron de circunscribirse a alimentos y bienes de primera necesidad, para extenderse a toda la economía, desde la medicina hasta el negocio automotriz.
Además, se amplió el poder de sanción del gobierno. Las penas que se pueden aplicar para aumentos no autorizados incluyen multas, inhabilitación y un cierre temporal que puede llegar a diez años.
Por eso, una parte indispensable del plan de control fue la disposición de una vasta red de inspectores de precios, encargados de recorrer los comercios en busca de aumentos ilegales.
En su momento, el Gobierno llegó a sacar a los militares a la calle para realizar las inspecciones en los comercios barriales.
Al momento de su implementación, el entonces presidente Hugo Chávez había asegurado que la norma formaba parte de la transición al socialismo, y que buscaba terminar con "vicios del capitalismo".
Pero lo cierto es que, más allá de las invocaciones al socialismo, el objetivo del control de precios era frenar una inflación frente a la que el gobierno nunca supo cómo reaccionar. Venezuela fue, a lo largo de los últimos años, el país con mayor inflación en el continente junto con la Argentina, y uno de los pocos en el mundo que sufren el problema.
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La medida no sólo fue impotente para frenar el alza de precios, sino que terminó generando una impresionante escasez de productos básicos, que afecta esencialmente a los sectores más pobres.