La crisis gala se agrava. Francia alcanzó una tasa de paro del 10,2% de la población activa (2,9 millones de ciudadanos) en el cuarto trimestre del año pasado, su primera cifra de dos dígitos desde 1999, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INSEE).
En los tres últimos meses de 2012, la tasa de paro subió un 0,3% si se compara con la del trimestre anterior y un 0,8% con respecto al mismo periodo de 2011. El país encadena así seis trimestres consecutivos de subida del desempleo.
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La subida más fuerte se registró entre los menores de 24 años, entre los que el paro se incrementó un 3,4% respecto a 2011 y alcanzó al 25,7% de esta población, una cifra récord en Francia.
En el sector de edad entre 25 y 49 años el paro supone el 9,1% del total, un 0,5% más que en 2011 y entre los mayores de 50 años representa el 7,2 %, un 0,8% más. Por sexo, la tasa de paro está equilibrada, con un 10,2% entre los hombres y un 10,3% entre las mujeres.
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Precisamente el gobierno del socialista François Hollande presentó esta semana una polémica reforma laboral, pactada con la patronal y los sindicatos, para flexibilizar el mercado de trabajo abaratando el despido y dando más opción a los empresarios para bajar los salarios.
El pasado martes, miles de franceses se movilizaron en protesta de la iniciativa, que fue presentada ayer en el Parlamento con la presencia del primer ministro Jean-Marc Ayrault, quien dijo que el proyecto era "necesario para el país" y "util para el crecimiento y la igualdad social".
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El texto salido del Consejo de Ministros, que de ser aprobado por el Legislativo entraría en vigor en mayo próximo, es una adaptación fiel del acuerdo que se alcanzó el pasado 11 de enero entre el Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF) y tres de los cinco grandes sindicatos del país, mientras que los otros dos -incluido el mayor, la CGT- se oponen.
Sabedor de las reticencias que genera, y que se tradujeron en masivas manifestaciones en contra de varias ciudades del país, el primer ministro socialista señaló que "es una oportunidad para el empleo" que ofrece "seguridad" a los trabajadores.
Frente a las críticas recibidas por la Confederación General del Trabajo (CGT) por Fuerza Obrera (FO) y por sectores políticos a la izquierda del Partido Socialista (PS), Ayrault hizo hincapié en que el texto prevé dispositivos con los que "anticipar" un deterioro en la situación de las empresas para "evitar que la única solución sean los planes sociales".
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