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Cuatro organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos presentaron hoy una acción de amparo para advertir que el protocolo médico dispuesto para atender los casos de abortos no punibles en la Ciudad establece "disposiciones ilegítimamente restrictivas" que "son violatorias de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres".
La presentación fue realizada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Las organizaciones pidieron a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de los requisitos "ilegítimamente incluidos en la resolución 1252 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires", porque "obstaculizan arbitrariamente el acceso al aborto no punible de las mujeres en general y de ciertos grupos en particular –adolescentes, mujeres con discapacidad, víctimas de violación- en el sistema de salud público" porteño.
El amparo cuestionó, entre otras condiciones, "la intervención obligatoria, con meros fines burocráticos y no clínicos, de un equipo interdisciplinario en el proceso y el aval del director/a de hospital donde se realice la práctica".
Además, criticó la "exigencia de que en caso de mujeres menores de 18 años el consentimiento informado lo otorguen sus representantes legales", "la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial para consentir la práctica" y "el límite gestacional de 12 semanas para los casos de violación".
"La ilegítima incorporación de estos requisitos que burocratizan y obstaculizan el acceso al aborto no punible traerá aparejado nuevos problemas a miles de niñas, adolescentes y mujeres que lo que deben obtener del Estado es una respuesta y atención adecuada a la gravedad de la situación que enfrentan", indicaron las ONG en la presentación judicial.
La medida procura que la Justicia porteña ordene al gobierno de la Ciudad "adecuar los puntos cuestionados de la Resolución de conformidad con los estándares de derechos humanos expuestos en la presentación".
El 23 de octubre pasado, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó el veto a una ley que regulaba el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles en la Ciudad. La norma había sido sancionada semanas atrás por la Legislatura local, tras la Resolución firmada el 10 de septiembre por el ex ministro de Salud Jorge Lemus, que dispuso un límite de hasta 12 semanas de gestación para la práctica de los abortos previstos en el artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal.