La jueza federal María Servini de Cubría procesó al consultor ecuatoriano de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, por la campaña sucia contra el senador kirchnerista Daniel Filmus para las elecciones a jefe de Gobierno del año pasado.
Fuentes judiciales informaron a Infobae.com que la magistrada lo procesó por la figura del artículo 140 del Código Electoral que se refiere a la "inducción con engaños" y dice que "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
Durán Barba y sus socios José Garat y Rodrigo Lugones están acusados y procesados de haber realizado una campaña telefónica en la que vinculaban a Salomón Filmus, padre del candidato que competía con Macri, con el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, en pleno escándalo por el presunto desvío de fondos públicos de esa entidad.
"Ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría?", concluía el llamado.
La jueza basó la resolución en diferentes pruebas, como las obtenidas tras una serie de allanamientos realizados el año pasado en las consultoras Tag Continental, Conectic SRL y NSS, vinculadas a Lugones y Garat, en las que se concluyó que desde unas 30 computadoras secuestradas allí se realizaron los llamados contra Filmus a través de servidores ubicados en los Estados Unidos.
En el mismo edificio donde estaban las empresas también se encuentra la consultora Opinión Confidential, propiedad de Durán Barba y Asociados, y en donde Garat y Lugones son socios.
Durán Barba y sus socios están acusados de violar el artículo 140 del Código Electoral, que pena con dos meses a dos años de prisión a quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
La causa tuvo muchísimas demoras ya que hubo postergaciones de las indagatorias, que estaban previstas para diciembre y febrero pasado, pero en ambas oportunidades se suspendió la audiencia por pedido de los acusados a raíz de viajes al exterior.
También hubo una cuestión de competencia suscitada entre la jueza Servini, quien la instruye desde el inicio del caso, y el juez porteño Bentolila.
Así, la magistrada envió la disputa con su colega a la Corte Suprema, que resuelve los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones para que decida qué juez se queda con la causa, pero siguió adelante con la investigación.