El sistema sanitario argentino padece un importante desfinanciamiento como consecuencia del aumento de juicios que comenzó a surgir a mediados de la década pasada contra médicos, instituciones médicas y obras sociales y medicinas prepagas.
En los últimos 10 años, le ocasionaron un costo de $3.000 millones que, en lugar de haberse destinado a mejorar la atención médica, tuvieron como finalidad hacer frente a reclamos judiciales.
Según estadísticas que maneja la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), los reclamos a los hospitales porteños representan unos $79 millones por año, con un crecimiento del 57% desde el 2004 a esta parte, y las demandas a las obras sociales suman unos $490 millones por año, tendencia que va en crecimiento y se calcula que, en lo que resta de la década, alcanzarán un volumen total de $6.000 millones.
El agravante de este contexto es que, de acuerdo a un informe elaborado por la fundación ISalud, que fuera creada por el Dr. Ginés González García, actual Ministro de Salud de la Nación, solamente el 6% de las demandas judiciales que sufre el sistema de salud tiene condena favorable de la Justicia, es decir, que el 94% restante fueron demandas que terminan en nada para el paciente, pero que implican mayores costos tanto para el médico como para las clínicas y hospitales, porque muchas veces se ven obligados a pagar parte de los gastos judiciales, incluso habiendo ganado la demanda.
El Dr. Hernán Gutiérrez Zaldivar, asesor legal de la Asociación Médica Argentina (AMA), le comentó a Infobae.com que hace 10 años prácticamente no existían los juicios por mala praxis médica, pero con la mayor divulgación de la información y el beneficio de litigar sin gastos, el incremento ha sido notable.
?Obtener el beneficio de litigar sin gastos es muy sencillo, basta con que la persona que se siente damnificada demuestre muy someramente que no tiene medios de fortuna. No es lo mismo que declararse en indigencia o pobreza, sino simplemente demostrar que no puede afrontar los gastos del juicio y, suponiendo que el mismo prospere, afrontar las posibles costas en caso de perderse?, explicó. ?Eso facilita que haya una gran avalancha de juicios en la actualidad que en su mayoría se inician sin haber tomado los recaudos de verificar los presupuestos que configuren una mala praxis, por eso terminan en nada?.
Esta tendencia de mayor judicialidad en el sistema de salud ha provocado que muchos profesionales abandonaran las especialidades más riesgosas (obstetricia, cirugía, traumatología, por ejemplo), que se utilizara lo que se denomina ?medicina defensiva? (mayores estudios complementarios y más derivaciones a otros profesionales) o bien que se recurriera a la contratación de un seguro de responsabilidad civil profesional, producto muy utilizado en los países desarrollados.
?Hoy en día, en nuestro país, se gastan aproximadamente $50 millones anuales en seguros de mala praxis?, señaló a Infobae.com Fabián Vítolo, Gerente de RR.II. de Noble Aseguradora de Responsabilidad Profesional, en donde el 60% de los médicos y poco menos de la mitad de las instituciones médicas cuenta con algún tipo de cobertura, con sumas aseguradas que rondaban los $50 mil, pero que en los últimos años se han incrementado a $100 mil ó $150 mil debido al aumento de las sumas reclamadas.
?Desde las aseguradoras buscamos trabajar en prevención, básicamente en mejorar la relación médico-paciente y en todo lo que hace a la documentación médica (por ejemplo, la historia clínica) para que los profesionales de la medicina minimicen los riesgos de recibir demandas?, comentó Vítolo.
Por otro lado, si bien desde el sector de la salud son muchos los reclamos para revertir esta situación (reducir el plazo para iniciar reclamos de 10 a 4 años o exigir mayores requisitos para acceder a un litigio sin gastos), aún no se vislumbran modificaciones legislativas que protejan a los médicos de tanta litigiosidad, muchas veces sin fundamentos, que dificulta la utilización de recursos económicos a mejorar el sistema sanitario. Dicen que para muestra basta un botón: según ACAMI, con los montos que se gastan en las demandas se podrían realizar 138 trasplantes por año.
PUBLICIDAD