La Justicia resolvió ayer que al menos un delito de los cometidos en el marco de la causa AMIA es imprescriptible, tal como pretenden los familiares de las víctimas.
A más de una década de la masacre de la AMIA, la Justicia condenó ayer a cuatro años de cárcel al ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda por la desaparición de más de 60 casetes claves para la investigación, con lo cual se avaló la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el atentado.
La condena impuesta por el Tribunal Oral Federal 6 al ex jefe de la disuelta división Protección del Orden Constitucional (POC), que debía custodiar pruebas fundamentales de la causa, se hará efectiva recién cuando el fallo quede firme.
Además, los jueces absolvieron a quien fue el 'numero dos' de Castañeda en la POC, Jorge Gelabert, quien -se determinó- no participó del delito.
"En toda esta maniobra existió cuanto menos la intención de encubrir a alguien", sostuvo el fiscal Alberto Nisman, al celebrar el fallo junto con los los familiares de las víctimas, porque la Justicia rechazó los planteos de prescripción que se habían formulado y por lo cual, en consecuencia, se estima que podrán seguir otras investigaciones paralelas.
Por los plazos legales, el delito que se le achacó al ex comisario podría haber quedado impune a diez años de haberse cometido, pero Nisman, al frente de la Unidad Fiscal de Investigación de la AMIA, sostuvo que el caso debía analizarse a la luz de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como el ataque a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994.
El dato, entonces, es clave si se tiene en cuenta que hay más de medio centenar de causas conexas en torno a la investigación principal de la masacre.
El presidente Néstor Kirchner ya les prometió a los familiares de las víctimas que pronto enviará al Congreso un proyecto de ley para evitar que prescriban las causas judiciales por los ataques terroristas a la AMIA (1994) y la Embajada de Israel (1992).
Hubo que esperar un mes de debate oral y público contra Castañeda y Gelabert para que los jueces María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y María Cristina Bértola, del TOF 6, concluyeran esta tarde, en los tribunales de Retiro, que los delitos ocurridos en el marco de la causa AMIA no caducan.
En el juicio se intentó establecer cómo desaparecieron del POC -la división de la Federal que trabajaba en el esclarecimiento del atentado- los famosos 68 casetes que contenían las primeras escuchas de la causa que se habían hecho sobre la vivienda del reducidor de autos Carlos Telleldín, el primer detenido, acusado de haber entregado la camioneta-bomba y absuelto el año pasado.
También desapareció una agenda de Telleldín y una medalla policial para el empresario Alejandro Monjo, quien estuvo sospechado de estar vinculado al negocio de venta de autos robados.
Durante el proceso Castañeda eligió el silencio, mientras que Gelabert rechazó los cargos en su contra y, ayer, frente al tribunal, aprovechó para decir que, como "hombre de bien", era inocente.
La Fiscalía y la querella de AMIA habían reclamado duras penas contra los imputados: se pidió seis años y medio de cárcel para Castañeda por "sustracción de objetos de prueba entregados en custodia reiterado en tres oportunidades, en concurso real con falsedad ideológica" y se reclamó tres años y tres meses de cárcel por presunta falsedad ideológica.
Pero el TOF 6 entendió que había pruebas para responsabilizar a Castañeda y condenarlo a cuatro años de cárcel. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 29 de junio.
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