Piden investigar a quienes implementaron ley de intangibilidad

La solicitud de Eugenio Zaffaroni recae sobre los técnicos de la Alianza que implementaron la ley poco antes del corralito. Dijo que prepararon "una defraudación de proporciones colosales"

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(NA) -

En los fundamentos de su fallo, mediante el cual el ministro avaló junto a sus colegas la validez de la pesificación de los depósitos, se desprende una fuerte crítica de Zaffaroni a la sanción de la ley 25.466 (intangibilidad de los depósitos) sancionada 25 de septiembre de 2001.



En esa norma, el entonces gobierno de Fernando de la Rúa establecía que los plazos fijos y cuentas a la vista en pesos o moneda extranjera serían considerados "intangibles" por lo que no se podrían alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras en cuanto a las reestructuraciones, vencimientos o moneda de origen.



Dos meses y medio después, el Gobierno dispuso la instauración del corralito financiero que impuso a los depositantes fuertes restricciones para retirar su dinero y a principios de 2002 el ex presidente Eduardo Duhalde pesificó la economía, incluidos los ahorros bancarios.



Para el ministro, la ley de intangibilidad de los depósitos "parece haber tenido en cuenta de preferencia el efecto que produciría en el público y no una seria intención de proceder a su cumplimiento, puesto que esto era imposible en el momento de la sanción, como se deduce por el curso posterior de los acontecimientos".



"En efecto, una ley que asegura esa intangibilidad casi en víspera del agotamiento de un proceso traducido en insolvencia y cuya situación no podía ser desconocida para los técnicos que interviene se aproxima mucho a la preparación de una defraudación de proporciones colosales", agregó el juez.



Para Zaffaroni, "todo indica que se buscaba el efecto de mantener y reforzar la confianza en un sistema bancario que estaba al borde del colapso".



En base a esas consideraciones, el ministro ordenó "extraer testimonio" del fallo y remitirlo al procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que "en su ámbito y con un equipo técnico idóneo proceda a investigar la eventual responsabilidad penal de los técnicos que intervinieron en el proceso productor del estado de necesidad y en especial en la citada ley".



"Sería inadmisible que los tribunales sometiesen a juicio al estafador que vende al incauto una máquina de fabricar dólares y que no se pusiese en movimiento frente a quienes pretendieron vender el ingenio a toda la sociedad argentina", evaluó el ministro.