Crece la preocupación internacional ante la escalada de desapariciones forzosas de opositores en Venezuela

Los ex mandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenaron este martes las detenciones y desapariciones arbitrarias de opositores venezolanos llevadas a cabo por el régimen de Nicolás Maduro, como las sucedidas con dirigentes del partido Vente Venezuela, que lidera la candidata presidencial opositora María Corina Machado, y de la activista venezolana Rocío San Miguel.

”Enterados de que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro arremete con saña mediante la práctica de desapariciones forzadas, (...) condenamos tales hechos y alertamos a la opinión pública y la comunidad internacional”, señala la declaración de IDEA, firmada por 27 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina.

Entre los desaparecidos, según el Grupo IDEA, se encuentran Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Víctor Venegas, los cuatro dirigentes de Vente Venezuela, y la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.

San Miguel, según confirmó este martes uno de sus abogados, se encuentra detenida desde el pasado viernes por estar presuntamente vinculada con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro y otros funcionarios.

La detención de San Miguel ocurrió casi tres semanas después de que el fiscal general designado por el régimen, Tarek William Saab, informara de la detención de más de una treintena de personas por estar supuestamente involucradas en planes golpistas, y luego de que los funcionarios de Maduro aprehendieran a colaboradores de Machado, acusados de ser parte de una conspiración.

Los ex presidentes iberoamericanos califican estas acciones de “desviaciones de la conducta humana y política” y sostienen que estas “desapariciones forzadas” rememoran “las experiencias totalitarias que llenaron de vergüenza a la Humanidad a mediados del siglo XX”.

En el comunicado, los ex mandatarios recordaron el informe de septiembre de 2023 de la Misión Independiente de Naciones Unidas en el que se da cuenta de “desapariciones forzadas de corta duración, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, hechos investigados por la Corte Penal Internacional “para determinar las responsabilidades del régimen de Maduro”.

El pasado diciembre, más de 60 ONG pidieron a la ONU monitorear la “situación de libertades democráticas y derechos humanos” en el país y “pronunciarse oportunamente” sobre este asunto ante los venideros períodos electorales, entre ellos el de las presidenciales, para cuando prevén un aumento de la “represión y persecución”.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) emitió este martes una “acción urgente mundial” por la liberación de la activista venezolana.

“Rocío San Miguel no ha tenido acceso a sus familiares ni representación legal. Ella está detenida por defender los derechos humanos en Venezuela. AI exige a Nicolás Maduro su libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad personal”, expresó la organización en un comunicado.

IA indicó que San Miguel “se encuentra desaparecida forzosamente, lo cual se asemeja a un patrón ampliamente documentado”.

“Sus abogados han requerido información en centros de detención en Caracas y hasta la fecha no han recibido respuesta. Su hija y otros familiares también fueron detenidos”, señaló AI al recordar que este lunes la defensa de la activista reportó la “desaparición” de cinco familiares de San Miguel, por cuya liberación también abogó.

Las otras personas detenidas, según uno de los abogados de la defensora de derechos humanos, son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, y Alejandro González Canales, ex pareja de la activista.

En un pronunciamiento anterior, AI pidió la libertad “inmediata e incondicional” de San Miguel, así como el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos y la OEA fueron de los primeros en manifestar su preocupación por el arresto de la defensora de los derechos humanos.

El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este martes una “feroz campaña” internacional en contra del sistema de Justicia del país tras la detención de la activista y sus familiares.

En un comunicado, Saab ratificó que San Miguel fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el Ministerio Público (MP) solicitó para ella una medida “preventiva de libertad” por la “presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.

(Con información de EFE)