Puno: Fiscalía inicia investigación preparatoria contra policías responsables de la muerte de dos ciudadanos en Macusani

El Ministerio Público de Perú ha decidido formalizar y continuar la investigación preparatoria contra varios efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la muerte de dos peruanos en Macusani, en Puno. Los mismos que fueron reportados durante el periodo de conflicto social reportado durante los primeros meses tras el ascenso de la presidenta Dina Boluarte al Gobierno. La investigación por los asesinatos, que fueron perpetrados el 18 de enero del 2023 en medio de una fuerte represión por parte de las fuerzas del orden, fue oficializada el pasado 16 de mayo.

Las pesquisas se centran en hechos ocurridos durante las protestas sociales que se iniciaron en Macusani, en el distrito de Carabaya, en Puno; cuando, durante la jornada del 18 de enero, los agentes policiales arremetieron contra la población. Como consecuencia, la Fiscalía ha delimitado responsabilidades para al menos unos 20 policías implicados que enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Sonia Aguilar Quispe y Salomón Valenzuela Chua.

En el documento emitido por el Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales -EFICAVIP, al que Infobae Perú tuvo acceso, se pudo conocer que en esta investigación, se ha comprendido a los efectivos Luisin Roque Zubizarreta, Teniente PNP; el Suboficial de Primera PNP, Rigoberto Tito Arapa Guevara, entre otros 18 agentes, todos identificados como coautores del delito contra la vida, cuerpo y salud.

Como si esta definición de responsabilidad no fuera suficiente; el EFICAVIP también incluye las acusaciones contra altos mandos policiales como el General PNP David Pablo Villanueva Yana, el Coronel PNP Julio Santos Mauricio Contreras y otros dos agentes más implicados por comisión por omisión del citado delito.

Con la formalización de la investigación en este caso, del despacho fiscal encargado específicamente de estas pesquisas resolvió que las diligencias continúen por un periodo adicional de ocho meses, declarando la investigación como compleja. Así las indagaciones seguirán realizándose desde el 16 de mayo del 2024 hasta el 11 de enero del 2025; fecha en la que posteriormente, se espera el caso pase por el control de acusación previo al establecimiento del juicio.

“Este Despacho Fiscal, considera que el plazo de investigación preparatoria deberá ser de ocho meses, el mismo que inicia el 16 de mayo de 2024 y concluye el 11 de enero de 2025 sin perjuicio de concluir cuando esta haya cumplido su objeto aun cuando no se hubiere vencido dicho plazo, de conformidad con el artículo 342.2° del Código Procesal Penal acotado”, se detalla en la disposición del EFICAVIP.

Entre las diligencias destacan la solicitud de informes periciales, análisis forense digital, y la remisión de planes de operaciones de la Región Policial de Puno. También se solicita a la Unidad de Biología Molecular la homologación de ADN de las víctimas con las muestras de sus familiares, y se busca la cooperación internacional con Meta Platforms para obtener información relevante de redes sociales.

En la disposición, la Fiscalía de la Nación también ha establecido procedimientos para la recopilación de posibles materiales fílmicos de los eventos en Macusani y la solicitud de información al Ejército del Perú sobre operaciones y apoyo logístico que tuvieron lugar durante las protestas.

En el recuento de los hechos de aquel 18 de enero del 2023, se pudo conocer que en el marco de las protestas Sonia Aguilar Quispe, ingresó al hospital sin signos vitales el 18 de enero a las 18:20. Fue declarada fallecida y trasladada a la morgue de la institución. Un día después, se emitió el certificado de necropsia con diagnósticos de “disparo por arma de fuego, traumatismo cráneo-encefálico abierto y fractura de cráneo”, señalándose la muerte como consecuencia de un proyectil de arma de fuego. Asimismo, el médico legista determinó que la causa de fallecimiento fue un homicidio violento ocurrido en la vía pública de Macusani, a las 17:30 horas del mismo día.

En tanto, en el caso de Salomón Valenzuela Chua, el informe de médico legista detalla que ingresó al Hospital San Martín de Porres a las 18:45 del 18 de enero y fue trasladado inmediatamente a cirugía de emergencia. A pesar de los esfuerzos médicos y el posterior tratamiento en la unidad de vigilancia intensiva, Valenzuela falleció el 19 de enero a causa de un “Shock Hipovolémico Refractario”. El certificado de necropsia, emitido también por un médico legista, indicó “disparo por arma de fuego, traumatismo torácico cerrado y shock hipovolémico” como diagnósticos principales y registró la causa de muerte como homicidio violento.