El vocero de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza, Folco Galli, confirmó que ese país aceptó la petición de la Justicia argentina para el envío de información sobre diez cuentas bancarias relacionadas con Lázaro Báez.
"Luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias formales, la OFJ ha transmitido el pedido de ayuda judicial relativo al caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (fiscalía federal) para ejecución", precisó Galli, según consigna la agencia de noticias AFP.
El exhorto enviado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán solicita datos de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez (Leandro, Luciana, Martín y Melina). Tres de esas cuentas estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc y Fromental Corp.
Las dos restantes figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group, una financiera de Lugano "gerenciada" por el italoargentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza.
El reclamo se extiende a otras dos cuentas en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serían la sociedad Teegan Inc, "constituida en Belice y radicada en Panamá", y la citada panameña Tyndall Limited Inc.
Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la firma Redwood Associates Corp, y por último una cuarta supuestamente perteneciente a Helvetic Services Group, en el ya mencionado J. Safra Sarasin de Ginebra.
El exhorto enviado por la Justicia argentina decía que "busca reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo" y "los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Lázaro Báez", entre 2012 y 2013.
Según el documento enviado, los fondos provendrían de "una maniobra de fraude fiscal mediante la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasmas, que le permitió (a Lázaro Báez) hacerse de sumas millonarias de dinero en efectivo de origen ilícito", y "con la participación y la complicidad y/o encubrimiento de las máximas autoridades del organismo federal de recaudación de impuestos (AFIP), por lo que podría estarse ante un supuesto de corrupción y criminalidad organizada".
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