El caso de una periodista que se niega a revelar sus fuentes abrió el debate sobre la libertad de prensa en EEUU

En un caso que pone a prueba la libertad de prensa en Estados Unidos, la reconocida periodista Catherine Herridge podría ser sancionada por desacato tras negarse a revelar las fuentes que utilizó para el desarrollo de en una serie de informes sobre la científica sinoamericana investigada por el FBI, Yanping Chen, mientras trabajaba para el canal Fox News.

La información publicada por Herridge, que data de 2017, analizaba la posible relación de Chen con el ejército chino y si había utilizado una escuela profesional que fundó en el estado de Virginia para ayudar al gobierno chino a obtener información sobre el personal militar estadounidense y por lo cual no enfrentó cargos después de una larga investigación.

Los informes de Herridge, se basaron en documentos filtrados, que Chen argumenta, le causaron daños reputacionales, por lo que su abogada, pidió sanciones económicas que aumentarían con el tiempo hasta que la periodista cumpla con revelar sus fuentes.

En septiembre, durante un interrogatorio bajo juramento, Herridge se negó en repetidas ocasiones a responder preguntas sobre cómo obtuvo dicha información, invocando sus derechos de la Primera Enmienda. Según confirmó la agencia de noticias The Associated Press (AP), la decisión recae ahora en el juez federal del Distrito de Washington, Christopher Cooper.

La periodista Catherine Herridge llevó a cabo una investigación sobre Yanping Chen, una científica vinculada con la Universidad de Medicina de Nanjing y el Ejército de Liberación Popular de China. Herridge reveló que Chen participó en programas de investigación patrocinados por los Estados Unidos, centrando especial atención en su trabajo en la Universidad de Stanford y su posible afiliación a programas militares chinos.

La indagación subrayó la presunta doble actividad de Chen como investigador en una institución académica americana y su papel en el desarrollo de investigaciones para el ejército chino generando preocupaciones sobre el robo de propiedad intelectual y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Según la investigación, Chen pudo haber aprovechado su puesto para acceder a valiosa información y tecnología, lo cual representó un riesgo potencial para la transferencia de conocimiento sensible, señalando la importancia de un mayor escrutinio a la hora de otorgar visas y posiciones en el sector científico a individuos que podrían estar involucrados en actividades de espionaje o transferencia ilícita de información.

Esta confrontación ha atraído fuertemente la atención de defensores de los medios de comunicación, quienes advierten que forzar a los periodistas a romper la promesa de confidencialidad podría hacer que las fuentes se lo piensen dos veces antes de proveer información que podría destapar irregularidades en las distintas esferas del poder.

“Permitir que se ordene que se revelen fuentes confidenciales significa que el público tendrá menos información. Cuanto más significativa sea la historia, cuanto más importante sea el tema, mayor será la pérdida para el público al no saber la verdad sobre lo que está sucediendo”, dijo a la AP Floyd Abrams, un abogado veterano de la Primera Enmienda.

Abrams representó en 2005 a la reportera del diario The New York Times, Judith Miller, quien tuvo que pasar 85 días en prisión tras ser declarada culpable por desacato tras negarse a divulgar una fuente en una investigación de filtraciones sobre un agente encubierto de la CIA.

El abogado de Herridge, Patrick Philbin, quien fue además asesor adjunto de la Casa Blanca durante la administración del ex presidente Donald Trump, aseguró que obligar a la periodista a revelar su fuente o fuentes perjudicaría gravemente su carrera.

“El interés de la Primera Enmienda en proteger las fuentes de los periodistas está en su punto más alto en casos, como este, que involucran informar sobre seguridad nacional”, escribió Philbin en documentos judiciales citados por ABC News. “Y la confidencialidad es fundamental para las fuentes gubernamentales que pueden ser castigadas por hablar con la prensa”.

Las batallas legales sobre la divulgación de fuentes son poco comunes y aunque algunos estados de EEUU tienen leyes de protección para periodistas, a nivel federal no existe tal blindaje.

El director del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, Gabe Rottman, se pronunció también sobre el caso de Herridge, poniéndolo como un claro ejemplo de la necesidad de una ley federal de protección de los derechos relacionados con el ejercicio de la libertad de prensa.

“Si a las fuentes no se les pueden dar garantías creíbles de confidencialidad, no se presentarán. Y eso enfría el libre flujo de información al público y limita la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo” dijo a ABC News.