Bustinduy pide a empresas españolas en Israel medidas para no contribuir al "genocidio" en Gaza

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido a las empresas españolas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a exacerbar la situación en Gaza, que ha calificado de "genocidio". Para ello, según ha informado su departamento en un comunicado, este mismo miércoles ha comenzado a enviar cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel con vistas a garantizar que estas no contribuyen a "las flagrantes vulneraciones de Derechos Humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina". En ellas, las emplaza a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios realizados para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales, incluyendo las consultas a expertos en Derechos Humanos o con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas. Asimismo, Bustinduy insta a las empresas españolas a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se está viviendo en Gaza y Cisjordania. El ministro también quiere conocer los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que las personas consumidoras tengan pleno conocimiento de las actuaciones que están llevando a cabo y así evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de Derechos Humanos que está sufriendo el pueblo palestino. Según puntualiza su departamento, "se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU". ARGUMENTOS PARA JUSTIFICAR LA PETICIÓN Como argumento, Bustinduy recuerda en la misiva que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza, así como las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que han puesto de manifiesto que los asentamientos israelíes en Cisjordania suponen una grave vulneración del Derecho Internacional. Una de estas últimas resoluciones, según recuerda el Ministerio en su comunicado, insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los Derechos Humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas, conforme a las normas previstas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos principios, añade, determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de Derechos Humanos identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo en sus relaciones comerciales y cadenas de valor. Además, recuerda que dichos principios están recogidos en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en 2017. También se recogen en las obligaciones que contempla la Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y que tiene ser traspuesta en el plazo máximo de dos años a la legislación española. En ella, se estipula la necesidad garantizar el derecho de las personas consumidoras a contar con información que permita el disfrute de bienes y servicios plenamente respetuosos con los Derechos Humanos. Por último, explica el Ministerio de Derechos Sociales, la petición de Bustinduy también responde a la preocupación que el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, le trasladó en la reciente reunión que mantuvieron sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados y en el genocidio en curso.