Juan Carlos Peinado, el mediático magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y el que lleva el caso Begoña Gómez, tiene abierta desde hace más de cuatro años una investigación contra Margarita García-Valdecasas, quien fuera la máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el equipo de inspectores de élite de Hacienda que persigue los casos más importantes de fraude en España que tienen alcance nacional. García-Valdecasas fue inspectora jefe de la ONIF entre los años 2013 y 2016, con Cristóbal Montoro como ministro y Mariano Rajoy como presidente.
El juez Peinado admitió a trámite una querella contra García-Valdecasas en marzo de 2021 por presuntos delitos de falsificación de documentos públicos. La querella fue interpuesta por el fiscalista Fernando Peña, dueño del despacho Nummaria, que se encargaba de gestionar las declaraciones fiscales de los protagonistas de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, Imanol Arias y Ana Duato. Fernando Peña fue condenado hace unas semanas a 80 años de prisión por crear un entramado societario para eludir impuestos a Hacienda, aunque de momento sigue en libertad provisional.
La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Peña es de julio de 2025. Pero hace cuatro años, cuando el ‘caso Nummaria’ estaba en plena instrucción, Peña denunció a García-Valdecasas porque había encargado un informe pericial a la empresa Lazarus Technology que aseguraba que todos los dispositivos electrónicos intervenidos durante el registro de su despacho el 13 de abril de 2016 habían sido modificados o borrados cuando ya estaban bajo custodia de la ONIF, que dirigía Margarita García-Valdecasas, hermana de Julia García-Valdecasas, ministra de Administraciones Públicas con José María Aznar.
Peña denunció a la ONIF porque aseguraba que gran parte de los 5.266 archivos intervenidos, que han servido para apuntalar su condena en la Audiencia, habían sido modificados. De ellos, casi 2.000 fueron eliminados, interfiriendo en la validez de la prueba utilizada en su enjuiciamiento. La defensa de Peña sostenía entonces que una parte de esos archivos nunca llegó a los peritos judiciales o fue manipulada previamente, lo que afectaría al principio de contradicción y a su derecho de defensa.
Varias declaraciones ya realizadas
Desde la admisión a trámite de la querella, el juez Peinado ya ha practicado varias diligencias. Entre ellas, la toma de declaración de la querellada, Margarita García-Valdecasas; del propio Fernando Peña; y de uno de los peritos de la empresa Lazarus. El magistrado también ordenó una pericial informática independiente, que inicialmente fue asignada a la propia ONIF. Una decisión que fue recurrida por los abogados de Peña porque consideraban que era imparcial que a la exjefa de la ONIF la auditara la propia ONIF. “La nueva pericial fue encargada al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, cuyos informes aún no se han incorporado por completo al sumario”, explican fuentes del entorno de Peña. La reciente muerte del letrado de Peña en este caso, en octubre de 2024, también ha complicado su defensa.
Las mismas fuentes señalan que la instrucción de Peinado lleva ya mucho tiempo en el “dique seco”. El procedimiento sigue en fase de diligencias previas. Pese al impulso inicial del juez Peinado, la instrucción no ha sido archivada ni transformada en procedimiento abreviado. “Sigue abierta”, afirman otras fuentes jurídicas. El juzgado de Peinado tiene actualmente unas 340 causas ‘vivas’, entre ellas la querella de Peña. La Abogacía del Estado ya solicitó el archivo. Una petición a la que el juez y la Fiscalía se opusieron hace dos años. Pero no ha habido avances desde entonces. Hay que tener en cuenta que el juez Peinado se jubila obligatoriamente dentro de 14 meses.
“No entendemos la posición de Peinado, que ya insinuó en un auto de hace tiempo que la querella de Peña podría perseguir el objetivo de dilatar el proceso que se seguía en su contra en la Audiencia Nacional por el caso Nummaria. Parece que quería esperar a la sentencia de la Audiencia antes de proseguir con su instrucción”, señalan las fuentes del entorno de Peña. Y es que la causa de la Audiencia Nacional (que ha acabado con la condena de 80 años contra Peña) y la instrucción del Juzgado 41 tiene cierta conexión jurídica si se acredita que los archivos utilizados como prueba en el juicio principal fueron modificados o suprimidos en origen.
De confirmarse una alteración probatoria, “se abriría la vía para una revisión extraordinaria o la solicitud de nulidad de actuaciones por quebrantamiento del derecho a un proceso con todas las garantías, especialmente en lo que respecta a la cadena de custodia de las pruebas digitales”, aseguran las mismas fuentes. Peña tiene previsto recurrir su condena primero en la Sala de Apelación de la Audiencia y después en el Tribunal Supremo. García-Valdecasas ya declaró como testigo en el juicio del ‘caso Nummaria’.
Investigación a su marido
La carrera de Margarita García-Valdecasas se truncó en julio de 2016, cuando la Guardia Civil registró su casa buscando pruebas contra su marido, el financiero Alejandro Pérez Calzada, quien fue presidente en España del banco suizo Mirabaud. La UCO de la Guardia Civil le investigaba entonces por su presunta implicación en la trama de la lista Falciani. García-Valdecasas fue cesada en diciembre de 2016. Una mujer con una meteórica carrera. El informe de su ONIF llevó a Anticorrupción, por ejemplo, a tomar la decisión de detener a Rodrigo Rato.
Cuatro años después, en diciembre de 2020, García-Valdecasas volvía al foco público. Se hacía público que la Audiencia Nacional y la propia Agencia Tributaria situaban a su marido como el presunto cabecilla de una trama de gestores que ayudó a evadir el dinero de unas 500 fortunas nacionales (políticos, empresarios, deportistas...) en bancos de Suiza y Andorra. El ‘caso Charisma’ (como se llamaba el velero de Pérez Calzada) sigue abierto casi una década después.
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