Los 6.000 millones que Bruselas asignó para los refugiados en Turquía no logran el impacto esperado, según el Tribunal de Cuentas europeo

La migración sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Unión Europea. El bloque ha puesto en marcha varias medidas, algunas especialmente polémicas, para lograr un control efectivo de las fronteras exteriores, sobre todo desde 2015, año en el que más de un millón de migrantes y refugiados llegaron a Europa huyendo de la persecución y los conflictos en Siria, Afganistán e Irak, principalmente. Una de esas medidas fue la concesión de 6.000 millones de euros a Turquía para ayudar a los refugiados, una ayuda que si bien ha servido para atender las necesidades de estas personas y de sus comunidades de acogida turcas, “los proyectos financiados sufren retrasos y no está claro si se mantendrán cuando se termine la ayuda de la UE”, según ha indicado el Tribunal de Cuentas Europeo en un informe que ha dado a conocer este miércoles.

La Unión Europea creó en 2015 el mecanismo para canalizar y coordinar los 6.000 millones de euros de ayuda humanitaria y al desarrollo para Turquía, país que actualmente acoge a más de cuatro millones de personas, en su mayoría de origen sirio, y menos del 5% de ellas vive en campamentos. Teniendo en cuenta que esa partida “se ha gestionado en el contexto complicado de la recesión económica de Turquía y del deterioro de sus relaciones con la UE, que también tiene su origen en el retroceso del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales”, indica el informe, pero “se podría haber logrado una mayor rentabilidad e impacto y existen serias dudas sobre qué ocurrirá con los proyectos cuando se agote la ayuda de la UE”, ha indicado Bettina Jakobsen, miembro del tribunal que dirigió la auditoría.

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Atendiendo a las recomendaciones que los auditores ya formularon en 2018, indica el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión mejoró el funcionamiento del mecanismo, sobre todo “los proyectos que proporcionan asistencia a los refugiados, lo que supone un ahorro de unos 65 millones de euros”, además de que se redujeron los costes administrativos y, por tanto, se dispone de más recursos para los destinatarios finales. Sin embargo, “la Comisión no evaluó sistemáticamente si los costes de los proyectos eran razonables, cuando esto afecta a su eficiencia”, añade el informe.

Aunque, en general, “la ayuda de la UE garantizó una financiación rápida y una inversión significativa para aliviar la presión sobre la salud, la educación y las infraestructuras municipales causada por la elevada afluencia de refugiados al país, y para evitar tensiones en el mercado laboral”, por otro lado, “los proyectos de desarrollo sufrieron retrasos importantes por distintas razones, como las normas de construcción más estrictas, la pandemia de COVID-19 y el aumento de la inflación”. Además, los devastadores terremotos de 2023 en Turquía también repercutieron enormemente en los proyectos, “aunque la respuesta de la Comisión fue rápida”, señala el informe.

El Tribunal de Cuentas Europeo también señala en su auditoría que proyectos como la formación en el empleo y la asistencia a los refugiados para la creación de empresas “lograron sus resultados”, aunque “el seguimiento fue insuficiente, ya que no se logró medir el impacto”. Muestra de ello, aseguran, es que “no se realizó ningún seguimiento de la situación laboral o empresarial posterior de los refugiados”, y esa misma situación se dio también en las nuevas escuelas para refugiados, pues los auditores no pudieron obtener datos suficientes del ministerio turco para evaluar su impacto en los beneficiarios.

La sostenibilidad de las intervenciones de la UE y la responsabilidad compartida con Turquía, concluye el informe, “son de vital importancia”, por lo que la Comisión está trabajando en el traspaso de proyectos a las autoridades turcas. En ese sentido, la Comisión lamenta que “solo ha conseguido garantizar la sostenibilidad de los proyectos de infraestructuras como escuelas y hospitales, pero no el apoyo socioeconómico, el empleo”. Tampoco está asegurada, insisten, la continuidad de los proyectos emblemáticos de educación y salud sin el apoyo de la UE.

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El Ejecutivo de la UE también lamenta que aunque intentó mejorar el entorno operativo para las ONG internacionales, la falta de voluntad política de las autoridades turcas ha reducido el impacto de sus esfuerzos.

Los resultados de esta auditoría llegan después de que el pasado mes de diciembre, tras ocho años de intensas negociaciones, el Parlamento Europeo y los Estados miembros firmaron el Pacto de Migración y Asilo, que supone un control más severo de las llegadas de migrantes y el endurecimiento de los requisitos de acogida, además de incluir un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los países miembros en beneficio de los Estados bajo presión migratoria.

El pacto, duramente criticado por las organizaciones humanitarias que trabajan por los derechos de los migrantes al considerar que tendrá “efectos devastadores” para las miles de personas que cada año cruzan las fronteras con la esperanza de llegar a Europa, obtuvo el visto bueno del Parlamento Europeo el pasado 10 de abril, por lo que ahora solo queda el paso por el Consejo Europeo para que se aplique la nueva normativa.