Ayuso contratará a una empresa privada para dar por primera vez talleres en institutos madrileños que ayuden a prevenir el consumo de porros

La Comunidad de Madrid quiere impartir 700 talleres en centros públicos y concertados entre septiembre y diciembre, destinados a alumnos de segundo y tercero de la ESO

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Jesús Hellín/Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Jesús Hellín/Europa Press)

El cannabis es la tercera sustancia psicoactiva más consumida en nuestro país, solo por detrás del alcohol y del tabaco. Según los últimos datos de la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes 2023), los derivados de la planta cannabis sativa (la marihuana y el hachís) se han convertido en la droga ilegal con más implantación entre los jóvenes: un 26,9% de los estudiantes de entre 15 y 18 años la ha consumido alguna vez, el 22% en el último año y el 15,6% en el último mes.

Para intentar reducir su consumo y que los jóvenes madrileños conozcan los riesgos que puede producir sobre su salud, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso acaba de licitar por primera vez un contrato para organizar “talleres de prevención del consumo de cannabis”, dirigidos a jóvenes matriculados en 2º y 3º de la ESO que estudien en institutos públicos y concertados. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales está dispuesta a pagar 72.400 euros para que una empresa privada gestione esta iniciativa, que según fuentes de la consejería se empezará a impartir “después del verano”, entre septiembre y diciembre de 2024.

La memoria justificativa del contrato resalta que “se trata de una droga cuyo consumo se está normalizando cada vez más, lo que hace imprescindible el desarrollo de programas de prevención y sensibilización dirigidos a los jóvenes en edades próximas a las que inicia el contacto con esta sustancia”. El programa incluirá la impartición de 700 talleres para grupos de hasta 30 alumnos. Cada taller contará con dos sesiones de 50 minutos cada una.

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La Consejería reconoce que debe licitar este contrato porque no existe entre la plantilla de la Dirección General de Juventud personal suficiente ni con la titulación o exigencia requerida “para trabajar en una actividad de las características planteadas”. De hecho, esa plantilla actual de la dirección general está compuesta por dos técnicos con categoría de educador y un titulado superior. Es necesario, por ello, “la contratación de una entidad especializada”. El pliego solicita a los posibles licitadores un equipo técnico integrado por un coordinador, siete formadores y una persona de apoyo para la gestión administrativa.

Un taller de la campaña '¿Porros? Sin mentiras'
Un taller de la campaña '¿Porros? Sin mentiras'

Los talleres se cursarán en los propios centros educativos. ¿En cuáles? Los elegirá la propia Dirección General de Juventud, aunque está previsto que el 15% se celebren en institutos de municipios de la sierra norte de Madrid. La Comunidad quiere que la empresa elegida cuente con personal con unos requisitos de “aseo, decoro y uniformidad”, que deberá actuar con la debida cortesía y corrección con los participantes en los mismos. Los formadores cobrarán por estos tres meses y medio de trabajo unos 16.671 euros brutos. El plazo para presentar ofertas finaliza el 10 de abril.

Ayuso monitorizará los teléfonos móviles de los madrileños para detectar sus necesidades de movilidad y diseñar nuevas líneas de transporte.

Protocolos para prevenir el consumo de drogas

En octubre de 2022, la Comunidad de Madrid ya puso en marcha protocolos de prevención para detectar el consumo de drogas en colegios e institutos. Un protocolo que conlleva varias fases: la notificación por parte del centro de hechos que pueden ser indicio del problema; recogida de información y entrevistas con la familia, el alumno, o sus compañeros; reunión para analizar la situación; resolución sobre la apertura de un plan de intervención en caso necesario; comunicación a la familia y autorización para derivar al alumno a servicios externos y, por último, envío del expediente a la Dirección de Área Territorial correspondiente.