Defensa de Petro aseguró que el CNE no tiene competencia para investigarlo: pidió trasladar el proceso a la Comisión de Acusaciones

Mauricio Pava, abogado del presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la transferencia de las investigaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del mandatario respecto a la presunta financiación irregular de su campaña electoral.

Esta petición se fundamenta en la argumentación de que el CNE no cuenta con la capacidad legal para investigar ni sancionar al presidente, apelando a la exclusividad del Congreso para tales procedimientos, según la Constitución Política del país.

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La carta remitida al representante Alirio Uribe, coordinador de las indagaciones contra Petro en la comisión, detalla la solicitud de archivar o transferir los procesos en curso dirigidos contra el presidente, debido a la falta de competencia del CNE en asuntos relacionados con el fuero constitucional integral del mandatario.

La defensa de Petro insiste en que cualquier proceso debe ser adelantado por el Congreso de la República, siendo esta la instancia con autoridad para llevar a cabo investigaciones sobre el jefe de Estado.

“Requiero al Consejo Nacional Electoral para que remita por competencia todos los procesos que actualmente adelanta contra el señor presidente de la República, por cuanto carece de competencia para adelantarlos y, en especial, que se abstenga de tomar cualquier determinación que pudiera implicar la cesación en el cargo debido a que solo el Congreso tiene competencia para ello, cuando se trata de quien ocupa el cargo de primer mandatario de la nación”, dice el oficio que el abogado del presidente, Mauricio Pava, le envió a la Congreso de la República.

Esta maniobra legal busca frenar los avances de las investigaciones del CNE relacionadas con la violación de topes de campaña de Petro, en medio de un contexto en el que próximamente se espera la emisión de un pliego de cargos contra la campaña presidencial por parte de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.

La investigación incluye la presunta financiación a través de la firma de criptomonedas Daily Cop, y testimonios como el de Víctor Eduardo Muñoz Rosero, quien afirma tener evidencia de nuevos fondos para la campaña provenientes de actividades con criptomonedas.

Además, se anticipa que los análisis sobre un pago simulado a 35.000 testigos electorales por parte de la campaña de Petro podrían agregar una dimensión crítica a las acusaciones ya existentes. Esta situación, sumada a las afirmaciones sobre la adquisición de una aeronave financiada por Daily Cop para la campaña, eleva las implicaciones legales y políticas del caso.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) programó para el martes 7 de mayo, la audiencia de dos personas, identificadas como Omar y Cristian Hernández, quienes afirman poseer pruebas de aportes no declarados, tanto monetarios como en especie, por Daily Cop a la campaña Petro Presidente. Esta revelación sugiere una investigación en curso sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia.

Según los testimonios de los Hernández, habrían ocurrido encuentros con Ricardo Roa Barragán, quien fungía como gerente de la campaña presidencial en ese momento, para negociar dichos aportes con representantes de la empresa dedicada a la criptomoneda.

Estas alegaciones apuntan a una posible omisión en los registros contables oficiales de la campaña. Esta información salió a la luz gracias a una carta enviada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) dirigida tanto al actual mandatario, en su calidad de entonces candidato, como a Roa, actual presidente de Ecopetrol.

En el documento, los magistrados indican que Gustavo Petro y Ricardo Roa Barragán tienen la facultad de designar abogados que les representen en la mencionada diligencia. Esta notificación se fundamenta en lo estipulado por el artículo 76 del Código General del Proceso y la Ley 1437 de 2011, destacando que, aunque la presencia de un apoderado no es obligatoria en esta fase preliminar de indagación, es pertinente que los implicados estén debidamente representados.

Esta situación pone en relieve las regulaciones existentes en torno al procedimiento administrativo y procesos sancionatorios, así como la importancia de la transparencia y la legalidad en la financiación de campañas políticas en Colombia. El desenlace de esta audiencia y las investigaciones subsiguientes podrían tener implicaciones significativas para los involucrados y para el escenario político en general.