Estrategia de retorno de las comunidades indígenas asentadas en Bogotá “ha fracasado”, advirtió la Defensoría

Desde 2021, indígenas de las comunidades embera katío y chami se encuentran asentadas en varios lugares de Bogotá. En la capital, los miembros de esta comunidad se han tenido que enfrentar a varios retos que incluyen la falta de vivienda adecuada, pues duermen en cambuches, además del acceso limitado a servicios de salud y educación.

Sobre esta situación, que parece no tener pronta solución, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional con el propósito de que establezca una estrategia definitiva, acompañada de plenas garantías, la cual permita proteger los derechos de 2.130 indígenas asentados, en su gran mayoría, en el parque Nacional, el parque La Florida y en los albergues Upi La Rioja y la fundación El Buen Samaritano.

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Y es que la entidad de derechos humanos ha hecho seguimiento a la situación de los embera en el territorio, evidenciando una falta de cumplimiento en los planes de retorno establecidos por los gobiernos locales y el Gobierno nacional.

“Desde que cientos de familias de la comunidad embera llegaron a la capital del país, han sido realizados nueve retornos, que hemos acompañado como Defensoría del Pueblo. Sin embargo, tras el seguimiento hecho, a través de nuestras Delegadas para la Conflictividad Social y de Movilidad Humana y la Regional Bogotá, podemos decir que el 80% de las personas que ha retornado a sus territorios, regresó a la ciudad. El retorno, como única estrategia de solución al asentamiento de comunidades indígenas en Bogotá, ha fracasado”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Por ello, el funcionario pidió establecer nuevos mecanismos. “Una salida que no se base únicamente en los retornos de las comunidades, y cuando se hagan, siempre con las debidas garantías en los territorios de las comunidades indígenas”, sostuvo.

En mayo de 2022, luego de servir de mediadora entre las comunidades indígenas y las autoridades distritales y nacionales, la Defensoría del Pueblo logró establecer varios acuerdos. No obstante, considera que es “lamentable” que, a la fecha, se registre el incumplimiento de la integración local de los pueblos indígenas.

La entidad citó el informe Los Embera desplazados en Bogotá, en el que hizo una serie de recomendaciones a la alta consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Agencia de Tierras y a otras entidades territoriales de Bogotá, Risaralda y Chocó, para que se puedan llevar a cabo medidas efectivas que garanticen el retorno seguro de las comunidades a sus territorios, sin desconocer sus derechos fundamentales.

“Es clave incluir a los líderes de los embera que están en Bogotá en la construcción del ‘Plan de Retornos y Reubicaciones Étnicas’, igualmente, establecer una ruta individual étnica para el retorno a sus territorios o la reubicación en la capital de los colombianos”, indicó Carlos Camargo Assis.

También señaló que es necesario generar espacios de concertación y seguimiento, promoviendo un mayor apoyo y corresponsabilidad con los municipios de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda), además de establecer espacios de diálogo con las autoridades indígenas y facilitar traductores oficiales en la lengua indígena para que el proceso de comunicación entre la población indígena y las instituciones distritales y estatales pueda desarrollarse de manera armónica.

“La articulación nación-territorios debe ser más eficaz, para que los ministerios que han sido citados y no han participado en las mesas técnicas de coordinación propuestas por la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior, se sumen a la solución de la actual problemática”, puntualizó el defensor del Pueblo.