Creador de Daily Cop aseguró que Gustavo Petro usó empresa vinculada con lavado de activos: “Es como si lo hubiera financiado DMG”

Ómar Hernández, imputado por lavado de activos y captación masiva de dinero a través de su empresa de criptomonedas Daily Cop, prometió revelar detalles de su vínculo controversial con la campaña presidencial de Gustavo Petro.

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Desde las rejas de una prisión en Bogotá, Hernández asegura, a través de su abogado Víctor Eduardo Muñoz, que su empresa financió clandestinamente servicios de aviación para el ahora presidente colombiano, en una transacción no reportada que asciende a 1.000.000 USD.

En declaraciones a Semana, Muñoz explicó que la operación se llevó a cabo mediante la compra de una avioneta por parte de la compañía Sadi SAS, dedicada a la aviación. Este acto fue facilitado por Carlos Restrepo, quien actuó como intermediario para disponer la aeronave al servicio de Petro, financiado por los recursos ilícitos de Daily Cop.

Estos hechos fueron acordados en una reunión donde Ricardo Roa, el entonces gerente de la campaña de Petro y actual principal ejecutivo de Ecopetrol, estuvo presente.

La revelación de Hernández insinúa una compleja red de financiamiento ilegal, sugiriendo un paralelismo con el escándalo de DMG, implicando una posible violación de los límites de gastos electorales. “Es como si DMG hubiera financiado a un candidato presidencial”, mencionó, subrayando la magnitud de la operación. Este testimonio viene después de que Hernández se comprometiera, a través de una carta al Consejo Nacional Electoral, a declarar su controvertida relación con la campaña de Petro.

“El punto clave no son la posible violación de topes electorales, pues ellos están hace tiempo por fuera de la ley. Aquí el punto es distinto...”, señaló Hernández a Semana, admitiendo la gravedad de las acusaciones de lavado de activos y captación masiva de dinero que ahora enfrenta. Según Hernández, más de 200.000 personas fueron afectadas por las actividades de Daily Cop, una situación que la Fiscalía General de la Nación clasifica como captación masiva y habitual de dinero.

Según Hernández, algunos de los involucrados en estas transacciones ilegales ya están siendo procesados, marcando un aspecto crucial de las investigaciones. “Siendo delito subyacente de la captación masiva y habitual”, afirmó, indicando la seriedad de los cargos que pesan sobre Daily Cop y sus asociados.

Según afirmaciones de Ómar Hernández, algunos de los fondos utilizados en la campaña provenían de operaciones de lavado de activos, lo que ha suscitado una profunda preocupación sobre el origen de estos dineros y las implicaciones legales que esto podría tener para el mandatario colombiano y otros involucrados.

La gravedad de las acusaciones radica en el supuesto beneficio que Ricardo Roa y el presidente Gustavo Petro, obtuvieron de estas actividades ilícitas. “La campaña presidencial se benefició de esta gran estafa, que ha afectado a la sociedad colombiana”, explicó Hernández, sugiriendo paralelismos con conocidos casos de financiamiento ilegal en el pasado.

La estrategia utilizada para financiar los viajes de la campaña, incluido el uso de un avión de matrícula HK-5328 Super King 300, ha sido puesta bajo la lupa tras la aparición de evidencia fotográfica que demuestra el uso real de estos medios, vinculando directamente a los implicados con la controversia. En una entrevista para Caracol Radio, el abogado Víctor Muñoz Rosero prometió ratificar estos señalamientos, ofreciendo proporcionar detalles adicionales acerca de las reuniones auspiciadas para coordinar el apoyo financiero irregular.

Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz del CNE se encuentran actualmente analizando estas declaraciones de gran calibre para determinar su inclusión en un pliego de cargos contra los implicados. La posibilidad de corroborar estas acusaciones se ve reforzada por la promesa de Hernández de entregar más pruebas que solidifiquen los hechos más allá de su testimonio inicial.

Esta indebida relación entre financiamiento de campaña y actividades económicas ilegales resalta no solo la urgencia de una investigación a fondo por parte de las autoridades electorales sino también el potencial impacto sobre la integridad del proceso democrático en Colombia. “Recordemos que el delito de lavado de activos implica a quienes se beneficien de los dineros de origen ilícito. Y este es el caso”, subrayó Hernández, destacando la seriedad de las implicaciones para todos los involucrados.

Para profundizar en la investigación, se plantea una cita especial ante el Inpec con el objetivo de entrevistar a Hernández, buscando así ratificar la validez de las pruebas y testimonios ofrecidos.