Procuraduría y Cortes están persiguiendo a Daniel Quintero y otros políticos, denunciaron congresistas del Pacto Histórico

En un encuentro con los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado el miércoles 17 de abril en Colombia, congresistas del Pacto Histórico expusieron una grave denuncia.

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Los congresistas alegaron que existe una “persecución” sistemática por parte de la Procuraduría General de la Nación y algunas Cortes contra políticos afines a su sector, quienes se perfilan como posibles candidatos presidenciales para el año 2026.

Este movimiento es interpretado por los representantes del Pacto Histórico como una estrategia para remover de la competencia electoral a figuras prominentes como Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Camilo Romero.

Durante la reunión, en la que participaron los congresistas Susana Gómez, Alfredo Mondragón, Carmen Ramírez, Pedro Suárez, Gabriel Parrado, Jorge Bastidas, Pedro Suárez, Eduard Sarmiento y Andrés Cancimance, se sugirió la existencia de una “ruptura institucional” en Colombia. En una carta dirigida a Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, los miembros del Pacto Histórico enfatizaron que las acciones de la Procuraduría parecen dirigidas a socavar los derechos civiles y políticos de los presidenciables, especialmente en lo que respecta al derecho a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial.

“Hemos denunciado ante la CIDH la persecución de la Procuraduría y algunas Cortes a personas que pueden ser candidatos a la Presidencia. La persecución contra Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Camilo Romero ha sido consecutiva durante los últimos años”, expresó Alejandro Toro, uno de los congresistas presentes.

Esta situación plantea una preocupación profunda sobre la imparcialidad del sistema judicial colombiano y la integridad del proceso electoral en el país. Las acusaciones insinúan que se estaría utilizando el aparato estatal de manera indebida para influir en la política nacional, afectando directamente la democracia colombiana.

La protección de los derechos civiles y políticos constituye un pilar fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. En este contexto, las denuncias presentadas por el Pacto Histórico ante la CIDH adquieren una relevancia crítica. La comunidad internacional, representada en esta instancia por la CIDH, se ve ahora en la posición de evaluar estas alegaciones y, de ser necesario, intervenir para preservar los principios democráticos en Colombia.

Este incidente ilustra una vez más la complejidad del panorama político en el país, donde la lucha por el poder a menudo desencadena acciones que ponen a prueba la solidez de las instituciones democráticas. La respuesta de la CIDH, así como las reacciones dentro de Colombia, serán determinantes en el desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas para el futuro político del país y sus estándares democráticos.

La Procuraduría de Colombia ha intensificado sus investigaciones en casos que involucran a dos exfuncionarios públicos, destacando las figuras de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena. Ambos están bajo la lupa por acciones que podrían llevar a la inhabilitación de Quintero y complicar legalmente a Caicedo.

Quintero se encuentra en una situación delicada, ya que está siendo investigado por el ente de control. Esto ha generado especulación sobre su futuro político, especialmente considerando sus aspiraciones declaradas de competir bajo la bandera del petrismo en las elecciones del 2026 para suceder a Gustavo Petro. Su caso ilustra la fragilidad de la carrera política ante la posibilidad de acciones legales que restrinjan la participación en futuras contiendas electorales.

Por otra parte, Carlos Caicedo no se encuentra en mejor situación. Recientes desarrollos indican que la Procuraduría ha abierto una investigación preliminar en contra del exgobernador por una presunta salida del país sin el permiso correspondiente.

Este hecho pone de relieve los rigurosos estándares a los que están sujetos los funcionarios públicos y cómo acciones aparentemente menores pueden tener repercusiones significativas. “Romero también ha sido investigado por el ente de control,” señala el complicado panorama que enfrentan algunas figuras políticas en Colombia, demostrando que las investigaciones pueden abarcar un amplio espectro de actividades y decisiones.