María Fernanda Cabal citó el artículo 109 de la Constitución e insistió en que Gustavo Petro debe perder su investidura: “No está por encima de la ley”

La senadora María Fernanda Cabal reaccionó a la noticia sobre las evidencias que encontraron los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, encargados de investigar la posible violación de topes y la financiación prohibida en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia.

Los hallazgos de Prada y Ortiz los motivó a presentar un proyecto de resolución donde se plantean acusaciones contra Gustavo Petro, su gerente de campaña Ricardo Roa, y los auditores de la campaña.

Frente a esta resolución, la senadora Cabal, del Centro Democrático (partido de oposición) recordó que el artículo 109 de la constitución sanciona con la pérdida del cargo a quien viole los topes de las campañas o acudan a financiación prohibida.

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En una de sus publicaciones, la congresista hizo énfasis en la urgencia de justicia ante las acusaciones que pesan sobre el Presidente Petro, recordando que nadie está por encima de la Constitución y la ley. Subraya que el artículo 109 de la Constitución estipula claramente que cualquier violación de los límites de financiación de campañas debe resultar en la pérdida del cargo. Y cerró el post diciendo “¡Vamos Colombia!”.

Adicionalmente, en otra de las publicaciones que la senadora del Centro Democrático dedicó al tema en su cuenta de X, dijo que se tenía que establecer las razones del porqué la campaña presidencial del hoy primer mandatario de Colombia no reportó casi $6.000 millones de pesos.

“Se debe establecer por qué la campaña Petro no reportó casi $6.000 millones de pesos que fueron usados y no aparecen en libros de contabilidad. El artículo 109 de la Constitución debe operar para un juicio político contra Petro. ¡Juicio político ya!”, dijo la legisladora en su cuenta de X.

En otro de sus post dijo que aunque el jefe de Estado “se sienta líder de la galaxia” no podrá impedir que se haga una investigación con respecto a la violación de topes. Adicionalmente aseguró que “es un deber constitucional que sanciona la violación de los topes electorales”.

Desde hace meses, el tema ha sido objeto de discusión en el CNE, debido a las evidencias surgidas acerca de las inconsistencias en los informes financieros de dicho proyecto político. Esto incluye las contribuciones hechas por Fecode, otro grupo sindical del sector petrolero (la USO) y los vuelos no declarados en las finanzas de la campaña. Las investigaciones respecto a estos y otros casos han revelado que existen pruebas suficientes para proponer ante la Sala Plena de este ente una investigación formal contra el presidente Petro.

Tras la presentación del proyecto, prevista para los próximos días, la responsabilidad pasará a la sala plena, escenario en el que los intereses políticos comienzan a influir. Sin embargo, es importante destacar que, con la entrega de dicho proyecto, los dos magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz habrán cumplido completamente con la fase inicial del proceso.

Si se verifica esta información y la Sala Plena decide aceptar la propuesta de los magistrados a cargo de la investigación, marcaría un precedente histórico, ya que sería la primera vez que el Consejo Nacional Electoral emite una acusación por exceder los límites de financiación contra un presidente en funciones y los líderes de su campaña.

Durante el reciente debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, declaró que está consciente de que, si su presencia al frente de la compañía llegara a comprometer de alguna manera el buen nombre, la reputación o el valor de Ecopetrol en el mercado bursátil, se apartará de su cargo voluntariamente, sin esperar a que la junta directiva o el presidente se lo soliciten.