Lavado de activos y enriquecimiento ilícito: estos son los procesos judiciales que tiene Álex Saab en Colombia

Aunque Álex Naín Saab Morán, conocido como Álex Saab, fue liberado el miércoles 20 de diciembre por el gobierno de Estados Unidos y se encuentra en territorio venezolano, junto a Nicolás Maduro, aún existen dos investigaciones en curso su contra en Colombia, según lo reveló el mismo fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

El dirigente del organismo de control anunció un día después de su liberación, el jueves 21 de diciembre, que contra el empresario colombiano avanzan dos procesos por presunto testaferrato del presidente de Venezuela, y por supuestamente manejar una plataforma criminal de maniobras financieras ficticias relacionadas con el lavado de activos.

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Saab fungió como representante legal, miembro y accionista de la junta directiva de Shatex S.A. -relacionada con la comercialización de textiles- según los investigadores del proceso, este empresario se valió de maniobras para evadir responsabilidades aduaneras y tributarias para mostrar una falsa legalidad a un esquema ilícito de importaciones y exportaciones en el sector.

Este proceso está en etapa de juicio ante un juez de Barranquilla, tanto Saab como Devis José Mendoza -quien era el contador y revisor fiscal del grupo empresarial del barranquillero- están siendo investigados por diversos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito de particulares: concierto para delinquir, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos.

Saab habría manipulado los registros financieros y las contabilidades relacionadas con estas operaciones comerciales. Además, se menciona que durante las operaciones de comercio exterior se habría cometido un millonario lavado de activos procedentes de Venezuela y que salieron de Colombia hacia cuentas fantasmas en el exterior en el 2007.

En relación al proceso W radio reveló que el juicio contra Saab se reactivará en el mes de febrero de 2024, en una audiencia que se adelantará ante un juez especializado de la capital del Atlántico.

El otro hecho relacionado con el empresario tiene que ver con una determinación tomada por la Corte Suprema de posponer una audiencia contra Saab, que inicialmente programada para mayo de 2022, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba.

Según los informes revelados por El Tiempo, la diligencia, que no se realizó en su momento, ahora podría efectuarse mediante videoconferencia. En la investigación se menciona que la senadora habría tenido ingresos sin justificar que alcanzan los $6.336 millones. Por lo que la Corte puso la lupa sobre una presunta conexión entre Córdoba y Saab que se remontaría a 2009, aunque esta ha sido negada reiteradamente por la congresista.

Se investiga si Córdoba colaboró con Saab para recuperar activos gestionados a través del sistema Cadivi en Venezuela y si, posteriormente, Saab utilizó sus empresas para canalizar recursos financieros en beneficio de la política colombiana. La audiencia pendiente, en la que se espera la comparecencia de Saab, podría aclarar la naturaleza de la relación entre los dos y verificar la veracidad de las afirmaciones sobre los movimientos financieros.

El empresario fue extraditado desde Cabo Verde, por presunto lavado de dinero. La portavoz del Departamento de Justicia del país africano, Nicole Navas Oxman, indicó en su momento que su detención se dio gracias a la alerta roja de La Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional (Interpol), emitida por acusaciones en EE. UU.

En julio de 2019, la Fiscalía del Distrito del Sur de la Florida acusó formalmente a Saab y su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero, relacionados con ‘’un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.

En la acusación se indicaba que entre 2011 y 2015, los empresarios conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema del soborno, el cual alcanzaría un monto aproximado de $350 millones de dólares.

En 2011 los mencionados obtuvieron un contrato para construir viviendas de bajos recursos, aprovecharon el cambio oficial venezolano presentado documentos de importación falsos para bienes y materiales que nunca llegaron y sobornando funcionarios para la aprobación esos documentos.

Ese día, Saab fue sancionado por parte del Departamento del Tesoro de los EE. UU. y a su vez fue señalado por maquinar una red de corrupción que permitió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución.