La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, recusó este lunes a 17 magistrados de la corte suprema en la víspera de una audiencia que decidirá si es sometida a un juicio que podría llevar a su destitución, informó el Ministerio Público.
Los abogados defensores de Ortega exigen a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "pronunciarse sobre la recusación de los magistrados antes la audiencia de antejuicio de mérito", según un boletín de la Fiscalía.
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La corte citó a la funcionaria a declarar este martes y aprobó medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la congelación de cuentas y bienes, tras aceptar una solicitud de antejuicio que presentó el diputado oficialista Pedro Carreño, quien la acusa de "faltas graves" en el ejercicio de su cargo.
Carreño sostiene que Ortega "mintió" al negar haber avalado la designación de 33 magistrados del TSJ en diciembre de 2015 por la antigua mayoría chavista en el Parlamento, antes de que la oposición tomara el control de la cámara en enero de 2016.
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La defensa de la fiscal argumenta que la petición de Carreño fue tratada en Sala Plena por 13 de los jueces nombrados entonces y "que ellos no deberían conocer sobre este caso", al ser "parte" del mismo.
Alega, además, que Ortega había pedido un antejuicio de mérito contra tres de los magistrados que aceptaron el recurso, "situación que los inhabilita para conocer cualquier causa contra la fiscal".
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Igualmente, los abogados denunciaron "irregularidades" en el procedimiento de recepción y aprobación del pedido.
La posibilidad de un juicio a Ortega, confesa chavista enfrentada al presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a Asamblea Constituyente, ha encendido alarmas en la comunidad internacional.
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Ello en medio de protestas opositoras que dejan más de 100 muertos en tres meses.
El pasado viernes, la ONU consideró "muy preocupante" la decisión del TSJ, acusado por la oposición de servir a Maduro, contra Ortega. Por otra parte, fiscales de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) -Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los asociados Chile y Perú- aprobaron una resolución en apoyo a su colega.
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(Con información de AFP)
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