La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, se declaró este martes "preparada para todo", luego de que la máxima corte del país autorizara abrir un proceso para enjuiciarla, pero denunció que la justicia es utilizada para "perseguir a la disidencia política".
"Yo estoy preparada para todo. Cuando uno asume estos cargos, debe estar preparado (…). Los hombres de Estado deben asumir su responsabilidad", expresó Ortega al ser cuestionada sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una entrevista radial.
Sin embargo, la fiscal -militante chavista enfrentada al presidente Nicolás Maduro- aseveró que se le ha negado "el acceso a todo lo que cursa", por lo que desconoce el contenido del fallo.
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La Sala Plena del TSJ admitió este martes una "solicitud de antejuicio de mérito" contra Ortega por "faltas graves en el ejercicio de su cargo", presentada por el diputado oficialista Pedro Carreño el pasado jueves.
Carreño alega que la funcionaria "mintió" cuando negó haber respaldado la designación de 33 magistrados del tribunal, hecha por la vieja mayoría legislativa chavista en diciembre de 2015; pero la fiscal insistió en que no la avaló.
Ortega comparó la acción en su contra con sentencias del TSJ contra el Parlamento, controlado desde enero de 2016 por la oposición, cuyas decisiones son consideradas "nulas" por el TSJ.
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"Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana actualmente. El peligro de perder los derechos fundamentales. Si estuviéramos en un Estado de Derecho habría seguridad jurídica, pero acá está desmantelado. Estamos más bien en un Estado de terror", declaró la fiscal durante un programa de Unión Radio.
"Se anuló al Poder Legislativo y se pretende, ahora, anular al Poder Moral (al cual pertenece la Fiscalía). Se pretende anular cualquier disidencia política", manifestó Ortega, sosteniendo que la corte "ha desmantelado el estado de derecho".
"Quizás se está cerrando la última puerta que queda de la democracia, que es el Ministerio Público", agregó.
El quiebre entre la fiscal, que prometió que continuará cumpliendo sus funciones según "la Constitución y la ley", y Maduro se produce en medio de protestas que exigen la salida del poder del presidente y que dejan 74 muertos.
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