El conflicto docente, con sus grandes connotaciones políticas de mala fe, plantea sin embargo preguntas de fondo que no es posible dejar de hacerse. La más elemental es si los docentes están razonablemente remunerados. La siguiente es si los docentes están adecuadamente remunerados en términos relativos a cada administración. Lo que lleva automáticamente a cuestionarse el peso relativo de las erogaciones en cada uno de los presupuestos, nacionales, provinciales y municipales. ¿Un maestro debe ganar más o menos que un policía? ¿Un empleado administrativo debe ganar igual que una enfermera? Dentro de las posibilidades de cada jurisdicción, ¿cuál es la proporción en que debe participar cada gasto?

Estos temas son fundamentales, tanto desde el punto de vista de la sociedad, que intuitivamente advierte muchas distorsiones brutales en la asignación de recursos, como para el control presupuestario y aún para la política impositiva. La inflación histórica en el país, además de su efecto venenoso sobre el sistema, ha hecho que estos análisis perdieran toda importancia y significación. La práctica de todos los gobiernos de mantener más o menos incólumes los gastos y designaciones del gobierno previo y agregar su propio "aporte", ha transformado los presupuestos en un trabalenguas, un laberinto – deliberado a veces – en el que se apilan prácticas, despilfarros, ñoquis, (empleados y áreas enteras) ineficiencias y corrupción de todo tipo. Esto se aplica también, y en un plano destacado, a las tercerizaciones y licitaciones – ambas fatales en su capacidad de succionar recursos en beneficio de unos cuantos vivos.

En estas condiciones – y aun cuando algún gobernante dijere en serio que quiere bajar el gasto, o reasignarlo de modo serio – estaría mintiendo. Los funcionarios no tienen demasiado conocimiento en detalle de los rubros que componen el presupuesto de sus respectivas áreas, y menos de la necesidad de cada erogación, y todavía menos de los efectos de cada una. Basta comparar lo que se gasta en hospitales con lo que se gasta en subsidios diversos al deporte en sus diferentes formatos, por caso, para entender esto. O con cualquier otro rubro.

Nuestros presupuestos no representan ninguna clase de política planificada, con prescindencia de cualquier ideología. No significan nada más que una acumulación histórica de gastos, que han perdido ya todo significado social y que no configuran plan alguno, ni estrategia alguna. El país, o las provincias o los municipios, se manejan por grandes números: "tanto para jubilaciones, tanto para las organizaciones sociales, tanto para sueldos, tanto para subsidios a las obras sociales, tanto para…. ". Ni siquiera una modesta ama de casa manejaría de ese modo los recursos familiares.

Se habla en porcentajes, en términos comparativos. No se administra. Tan confundidos estamos todos, que solemos decir – aún quienes nos consideramos formados – que tal o cual gasto "no es significativo frente al gasto total", o que "no influye demasiado en el déficit". También nos hemos abonado al discurso de que cualquier cosa que se haga para corregir este desatino será imposible, inviable, porque en "este país eso no se puede hacer". Por supuesto que de inmediato se exige a quien fuere el gobernante un funcionamiento escandinavo o neozelandés de la economía.

Peor es cuando se habla alegre y ligeramente de la necesidad de que se reduzcan los impuestos y sobre todo, cuando pomposamente se pide una reforma integral impositiva. Ambas cosas una barbaridad en un país que no controla sus gastos, ni los conoce en detalle y que ha perdido todo sentido de la proporción entre las partidas del gasto. Y esto vale para todos los segmentos de la población, desde los más instruidos y preparados a los fans del indio Solari.

Por el mismo precio, se habla también alegremente de que se deben establecer "políticas de estado" en algunos temas fundamentales. Pero se elige ignorar que esas políticas requieren tener asegurado su financiamiento garantizado dentro de los presupuestos. ¿De qué políticas de estado se habla si hoy nuestros presupuestos no guardan relación de proporción ni de prelación alguna entre cada partida? ¿Qué políticas reflejan nuestros presupuestos? ¿Las de qué ideología, las de qué gobierno, las de qué necesidades a satisfacer? Nuestros presupuestos son costosos containers gigantescos de basura donde también tiramos nuestros impuestos. Y las cosas que decimos sobre la baja del gasto y la reforma impositiva integral, son otros containers gigantescos de basura.

Ahora que he logrado vuestra atención, permítaseme proponer algún camino. Sugiero que se confeccionen presupuestos de base cero, o en base cero, en todas las jurisdicciones y áreas del país. Esto supone que primero se analicen las políticas, servicios y beneficios que se desean aplicar, se estudien los recursos impositivos disponibles, se evalúen dentro de un marco económico integral y luego se traduzca ese resultado en necesidades físicas, es decir, obras, edificios, equipamiento, personal, subsidios, etc. Finalmente, que se valoricen, hasta conformar los presupuestos, que luego se debe armonizar con los ingresos en recálculos sucesivos. Recién ahí se puede empezar a hablar de un nuevo sistema integral de impuestos.

No propongo esta tarea para que los sus conclusiones y resultados se apliquen hoy, sino que simplemente se haga el ejercicio de determinar qué es lo que se necesita para administrar el país, y los costos inherentes a esa tarea. En esta primera etapa, propongo que se haga para saber. Tenemos derecho a saber cuál es el gasto en exceso que estamos pagando y cuál es el desfase entre las actuales prioridades presupuestarias y lo que se necesita. Y tenemos derecho a saber cuáles son los montos que se están pagando de más, parciales y globales. Es decir, tenemos que fijar el estándar. Eso implicará la tarea de estudiar cada uno de los temas en que está inmiscuido el estado. No sólo tenemos derecho, sino que ese conocimiento es imprescindible para gobernar.

Con esas cifras en la mano, será mucho más fácil emprender cualquier proceso de reducción o redirección del gasto, para cualquier gobierno que tenga ganas de aplicarlo. Estoy convencido que cuando la ciudadanía advierta la magnitud de lo que se está desperdiciando clamará por un cambio. Cómo hacer ese cambio es un paso posterior, que también tiene mecanismos posibles una vez que se haya dado este paso esencial que se propone.

Por supuesto, ahora viene el corro de los "nosepuede". Y de los audaces de living que preguntan "en qué otro lugar se hace". La primera objeción será que nadie querrá hacerlo. En el orden nacional, se supone que el presidente tiene mandato para obligar a realizar esta tarea. Y tiene por ejemplo al inútil y orwelliano Ministerio de Modernización que podría coordinarla. Y en el caso de provincias y municipios, tal como se ha visto, tiene los mecanismos para "persuadir" a gobernadores, intendentes, punteros, piqueteros y otros funcionarios de hacerlo.

A este trabajo de fondo también se le podría llamar Repensar el País. Algo que parece bastante necesario si se analiza que hace 80 años que venimos -sin pensar – haciendo lo mismo, con los lamentables resultados que hoy sufrimos.

Se puede prescindir de esta tarea por utópica, ciclópea, impracticable y cuanta otra excusa quiera poner nuestra incompetencia para no hacerla. Pero entonces, deberíamos dejar de hablar pomposamente de bajar el gasto y hacer una reforma impositiva integral, frases que en el vacío no quieren decir nada. Limitémonos a seguir endeudándonos y a gobernar reaccionando ante piquetes, marchas y huelgas. Y llamando a los pobres resultados "la herencia recibida".