Máxima tensión en Cataluña a días del referéndum por la independencia: Madrid desplegó 2.200 policías y guardias civiles

Miles de personas volvieron a marchar este jueves para pedir la liberación de los miembros del Gobierno catalán detenidos el miércoles por impulsar el referéndum, que Madrid Considera ilegal, al tiempo que el primer ministro español, Mariano Rajoy, comenzó el envío de fuertes contingentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para garantizar la seguridad.

Al grito de "Independencia, independencia", protestaron en las calles de Barcelona caminando hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un día después de la multitudinaria marcha que se dio ante la conselleria d'Economia, destacó el periódico La Vanguardia.

La manifestación fue convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña y por la organización proindependencia Òmnium Cultural, y se originó en el paseo de Lluís Companys.

(Patrulleros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Barcelona)

Por otro lado, el ministerio del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, comenzó un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad nacionales en Cataluña para guardar la seguridad de aquí hasta el 1° de octubre, cuando está pautado el referéndum.

Se trata de 1.200 miembros de la Policía Nacional y otros 1.000 agentes de la Guardia Civil, que se suman a 2.900 ya asentados en la región, a los que se les ha suspendido el permiso de descanso mientras dure la agitación.

Estas fuerzas de seguridad, que operan en simultáneo con la policía local Mossos d'Esquadra, podían verse patrullando las calles de Barcelona mientras flameaban banderas de España, en provocación a los independentistas que marchan con la "estelada" catalana.

Tal es el caudal de uniformados que el gobierno de Rajoy debió fletar tres barcos de pasajeros para alojarlos, ya que las dependencias de las dos fuerzas están superadas, informaron fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el sindicato policial, a La Vanguardia.

El miércoles, el proceso independentista sufrió un duro golpe cuando la Guardia Civil arrestó a más de una decena de funcionarios del gobierno regional de Cataluña, incluyendo a Josep Maria Jové, principal asesor del vicepresidente Oriol Junqueras y presunto "cerebro" de la implementación del plebiscito, y al Secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Mientras había rumores de que pudieran ser acusados de sedición con una pena mínima de ocho años, las fuerzas de seguridad de Madrid también allanaron diferentes domicilios y depósitos donde se encontrarían los materiales para realizar la consulta popular.

Madrid se ampara en un dictamen del Tribunal Constitucional de España que considera ilegal el referéndum convocado por el gobierno del partido Junts Pel Sí, promotor de la independencia.

Al respecto, Rajoy pidió el miércoles a los independentistas catalanes que renuncien a su "escalada de radicalidad y de desobediencia", mientras miles de ellos protestaban en Barcelona por las detenciones.

El gobierno de la Generalitat catalana admitió que la redada ordenada por Madrid golpeó fuertemente a la organización del referéndum, pero al mismo tiempo el presidente Carles Puigdemont respondió este jueves activando el sitio web que permite a los ciudadanos catalanes saber dónde les tocará votar el 1° de octubre.

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