El jefe de gobierno español Mariano Rajoy pidió este miércoles a los independentistas catalanes que renuncien a su "escalada de radicalidad y de desobediencia", mientras miles de ellos protestaban en Barcelona por la detención de varios políticos ante el referéndum de autodeterminación.
"Renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia (…) Están a tiempo de evitar males mayores", dijo en un discurso televisado Rajoy, que podría leerse en tono de amenaza. El gobierno de Madrid busca impedir esta votación convocada por el gobierno regional desoyendo a la justicia española.
El mensaje llegó después de que el miércoles miles de catalanes tomaron las calles tras la detención de catorce miembros del gobierno de esta región que busca organizar una consulta prohibida por la justicia, mientras el presidente catalán acusó a Madrid de imponer de facto un estado de excepción.
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En el centro de Barcelona, se encontraban concentradas unas 10.000 personas a las 19:00 hora local (17:00 hora GMT), según un periodista de AFP. "Fuera las fuerzas de ocupación" y "votaremos", se escuchaba en la manifestación.
Entre los catorce miembros del gobierno catalán detenidos figura Josep Maria Jove, número dos de la vicepresidencia regional, señaló un vocero del Ejecutivo regional.
Son sospechosos de delitos de "desobediencia, prevaricación y malversación", informó la Corte Superior de Justicia de Cataluña, sin dar detalles de la investigación.
Según una fuente judicial, el juez ordenó registros en el marco de una investigación iniciada en febrero por declaraciones que daban cuenta de un posible robo de datos para permitir a los separatistas disponer del censo de los contribuyentes catalanes.
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Con sus acciones, el Estado español ha "impuesto de facto un estado de excepción", denunció el presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont, quien insistió en convocar a los catalanes a votar en la consulta "frente a un régimen represivo e intimidatorio".
El Ejecutivo catalán reiteró así su convicción de realizar el referéndum el 1 de octubre, pese a prohibirlo el Tribunal Constitucional, que había advertido a un millar de altos cargos no organizarlo so pena de exponerse a consecuencias judiciales.
Con información de AFP
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