En medio de una fuerte tensión, el Parlamento catalán empezó a debatir este miércoles la ley con la que quiere convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre, que se enfrenta a la firme oposición de Madrid y abre en España una de las peores crisis políticas en décadas. La Fiscalía anunció que se querellará contra las autoridades que admitieron a trámite el proyecto y el gobierno español calificó los hechos como "un acto de fuerza" propio de "regímenes dictatoriales".
En una sesión muy tensa marcada por abucheos y gritos de la oposición a la presidenta de la cámara Carme Forcadell, los diputados acordaron por 72 votos a favor y 60 en contra incluir en el orden del día la votación de la ley.
Lo harán de forma expresa, ya que en una segunda votación, una mayoría de diputados acordó prescindir de los habituales trámites parlamentarios, lo que generó la ira de la oposición. En un momento dado se vio a Inés Arrimadas, líder del principal partido opositor en Cataluña, Ciudadanos, llevándose las manos a la cabeza.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, promoverá ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia para paralizar las decisiones del Parlamento catalán, encaminadas hacia la convocatoria de un referéndum en Cataluña el próximo 1 de octubre, como pretenden las autoridades regionales.
"El gobierno ha solicitado al Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados" en el Parlamento catalán, que momentos antes había acordado someter a debate y votación la ley, señaló en rueda de prensa Sáenz de Santamaría, denunciando un "acto de fuerza", propio de "regímenes dictatoriales" en Cataluña.
En el referéndum se preguntará a los catalanes si quieren que esta región de 7,5 millones de habitantes (16% de la población española) se convierta en un "Estado independiente en forma de república".
En principio, la ley no tendrá problemas para salir adelante, ya que los independentistas son mayoritarios en la cámara. Acto seguido, se espera que el gobierno regional catalán firme el decreto de convocatoria del referéndum.
Los independentistas harán así caso omiso del Tribunal Constitucional, que ha declarado ilegal dicha consulta.
Cataluña experimenta desde 2010 un brote de fiebre secesionista, en parte alimentada por la crisis y el sentimiento de haber sido tratada injustamente por el Estado central.
La opinión pública de la región está dividida y el debate, omnipresente en los medios y las conversaciones, ha llegado a enemistar a familias. Pero más del 70% de los catalanes quiere una consulta que zanje el tema de una vez por todas.
(Con información de AFP y EFE)
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