La polémica en torno a la vestimenta de las mujeres musulmanas continúa vigente en Francia, donde un episodio volvió a avivar el debate sobre la islamofobia en el país.
Según reveló el Colectivo contra la islamofobia (CCIF, por sus siglas en francés) el propietario de una piscina en La Ciotat, una localidad cerca de Marsella, reclamó a una mujer que se bañó en burkini el pasado julio pagar por la desinfección del lugar.
De acuerdo con un artículo de El País, la mujer se alojó durante tres semanas junto con su esposo y sus tres hijos en una residencia privada con piscina. El primer día se bañó sin problemas con sus hijos vistiendo esta prenda islámica que cubre el cabello y el cuerpo, a excepción de los pies, las manos y la cara.
Al día siguiente, cuando fue acompañada de una amiga, el vigilante le pidió que saliera cuando ya llevaba una hora en la piscina porque, según su relato, la comunidad de copropietarios había denunciado al dueño que una mujer se había bañado vestida y y que se había negado a salir."Me quedé sin habla porque nadie me había llamado la atención ni dicho nada", asegura la mujer, en declaraciones recogidas por la asociación.
El responsable le prohibió bañarse el resto de su estadía en el lugar y pidió que la familia abonara los gastos de vaciado y desinfección completa de la piscina, más una compensación por el hecho de que el lugar hubiera quedado inhabilitada durante dos días.
La pareja afectada asegura que la residencia no cambió el agua, pero que le retuvieron un depósito de 490 euros a la espera de que paguen la desinfección.
El CCIF recuerda en su comunicado que la mujer no se bañó con ropa de calle, sino con un traje habilitado para el baño que está confeccionado con un tejido ligero, similar al de los trajes de baño tradicionales.
La polémica sobre el burkini saltó en Francia a principios de agosto del año pasado. Una treintena de localidades costeras, la mayoría en la conservadora Costa Azul, llegaron a prohibir el uso de esta prenda en sus playas, en un contexto marcado por los atentados yihadistas de julio en Niza y en Normandía. El Consejo de Estado francés terminó anulando la prohibición a finales de mes, pero abrió un debate que dividió al Gobierno y a la sociedad francesa.
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