Desde su llegada al poder en mayo de 2015, el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ha hecho de la lucha contra la corrupción un objetivo central de su gobierno. Ya a los pocos meses del comienzo de su mandato, se arrestó y comenzó a procesar a varios miembros de alto rango de la Admistración de su predecesor por la apropiación indebida de miles de millones de dólares destinados a combatir al grupo terrorista Boko Haram.
Pero, a pesar de esta campaña, una serie de escándalos de corrupción también han estallado dentro del gobierno de Buhari, lo que ilustra lo difícil que ha sido para la fuerte posición anticorrupción del presidente ser una influencia incluso para los de su propio equipo de trabajo. El caso más destacado, un escándalo sobre la desviación USD 8 millones originalmente destinados a la recuperación de una zona devastada por Boko Haram, actualmente está siendo investigado por el Senado.
La corrupción en Nigeria es tan endémica que el país frecuentemente se ubica entre los peores índices mundiales en esta materia. Tanto en 2014 como en 2015, Nigeria ocupó el puesto 136 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Para intensificar su programa, el presidente Buhari lanzó un sistema de denuncias para los nigerianos que proporcionan información confiable sobre los delitos relacionados con la corrupción. El plan se dirige principalmente a los trabajadores de la administración pública federal de Nigeria, integrada por más de 80.000 funcionarios, conocida por su falta de rendición de cuentas.
Como incentivo, los denunciantes tendrán derecho al 5% de los fondos recuperados si la información proporcionada da como resultado la recuperación del efectivo saqueado. Aunque ya está aprobado por el presidente, los legisladores federales están discutiendo actualmente un proyecto para convertir la política en ley, lo que impediría que una futura Administración la cancelara.
Global Financial Integrity estima que Nigeria ha perdido más de USD 157.000 millones en transacciones ilícitas en la última década. Si la política actual hubiera estado en vigor, los denunciantes podrían haber ganado casi USD 8.000 millones si las cantidades informadas se recuperaran con éxito.
Como parte de la política, Kemi Adeosun, ministro de Finanzas de Nigeria, dice que los denunciantes "estarán protegidos" y se mantendrán en el anonimato. Adeosun también dijo que si los denunciantes sufrieran "hostigamiento, intimidación o victimización" por proporcionar información, se haría una "restitución", aunque no especificó qué implicaría eso.
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