El colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 menores y siete adultos tras el desplome del edificio por el terremoto y se convirtió en el centro de atención de las tareas de rescate, funcionaba con un permiso falso sobre el uso del suelo, según confirmó el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), en un hecho que desató una cadena de traspaso de responsabilidades entre las autoridades de la capital mexicana.
El lugar donde funcionaba la institución debía tener un uso habitacional, pero la escuela pudo abrir amparada con un documento apócrifo, según reveló Noticieros Televisa luego de realizar una solicitud de información al gobierno. Los registros determinaron que el certificado de derechos adquiridos que presentaron los directores del colegio no coincidía con los archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi). Por ello, el Invea formuló una denuncia penal por falsificación de documentos.
Conocido el escándalo, y ante la indignación de los familiares de las víctimas, se pronunció Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien confirmó la existencia de la denuncia, pero deslindó la responsabilidad de su despacho. "Todo lo que tiene que ver con la documentación es un expediente que debe tener la Secretaría de Educación Pública. El trámite se realiza por la Delegación", explicó. Además, aclaró que las inspecciones no están bajo su órbita por tratarse de una escuela privada.
"De confirmarse, sería muy grave", consideró Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, pero se apuró en aclarar que la responsabilidad tampoco recae sobre su oficina. "Quien tiene que dar una explicación es la Delegación. En el expediente están todos los documentos que se requieren.
La Delegación avala que el uso del suelo es el adecuado", indicó.
Sin embargo, la delegada en Tlalpan (la demarcación más grande de la capital y donde se ubicaba el Rébsamen), Claudia Sheinbaum, también dijo que no tiene atribución para determinar el uso de suelo.
"Hasta ahora, todo está en regla (sobre la documentación). El uso de suelo está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y lo verifica el Invea", argumentó.
Respecto a la estructura, indicó que su oficina tiene un papel con fecha de 2017 que certifica que "el edificio estaba bien construido". Por el momento, no se ha constatado que el desplome haya sido causado por errores en la edificación.
Sin embargo, Sheinbaum reveló que también tiene constancia de dos suspensiones de obra en el lugar, en 2010 y 2014, por irregularidades que luego fueron subsanadas. Dicha información encaja, en cierta manera, con los testimonios de un vecino del lugar que se viralizaron en Facebook. "Era un colegio ilegal, construido a escondidas violando sellos de clausura", denunció Francisco Fontano. No obstante, se refiere al edificio de la secundaria, y no al que se desplomó, que corresponde a la primaria.
La delegada también se refirió a la vivienda que construyeron los dueños del establecimiento sobre dicha estructura, que habría sido edificada hace más de dos décadas.
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