Cuando Eric Trump, el hijo del presidente estadounidense, viajó a Uruguay a principios de enero para promocionar la Organización Trump, los contribuyentes norteamericanos recibieron una factura de casi 100.000 dólares en gastos por las habitaciones de hotel que utilizó el personal del servicio secreto y de la embajada que se desplazó con él.
Fue un viaje de alto perfil fuera del país para Eric, quien, como su padre, se comprometió a mantener a la compañía separada de la presidencia. En la ciudad uruguaya de Punta del Este, el hijo del presidente norteamericano se reunió con corredores de bienes raíces, cenó en un restaurante al aire libre frente a la playa y habló ante cientos de personas en una fiesta "ultra exclusiva" que se realizó en la Trump Tower para celebrar su visita.
Un artículo del Washington Post publicado este viernes explica hasta qué punto el viaje refleja que el gobierno de Donald Trump está inevitablemente enredado con los negocios familiares como resultado de la negativa del presidente a desligarse completamente de su participación en la empresa familiar.
En efecto, las agencias gubernamentales se ven obligadas a pagar para acompañar las operaciones de negocios que, en última instancia, colaboran con el enriquecimiento del propio presidente.
Aunque los Trump han prometido separar el negocio del Gobierno, dependerán de la protección financiada con fondos públicos concedida al presidente y a su familia, incluso allí donde los viajes tienen el objetivo de promover la marca de su compañía.
Según el Washington Post, pese a que el viaje de Eric Trump a principios de enero a la ciudad turística fue breve —no más de dos noches—, la factura de las habitaciones de hotel del servicio secreto estadounidense en Uruguay sumó un total de USD 88.320.
Además, la embajada de los Estados Unidos en Montevideo pagó un adicional de USD 9.510 para que su personal se hospedase en el hotel con el objetivo de "apoyar" al servicio secreto para la "visita VIP". El dinero se pagó a través del Departamento de Estado.
"Este es un ejemplo de la confusión planteada entre el interés privado del negocio familiar y el Gobierno", dijo Kathleen Clark, experta en ética gubernamental y profesora de Derecho en la Universidad de Washington en St. Louis.
Además, pese al uso de fondos públicos, las agencias gubernamentales no pueden proporcionar detalles relacionados con el viaje. Esos pormenores incluyen la duración de la estadía, el nombre del hotel o el número de habitaciones reservadas.
"Se supone que existe un beneficio público en proveer la protección del Servicio Secreto" al presidente y a su familia, dijo Clark. "Pero, ¿cuál fue el beneficio público del personal del Departamento de Estado que participó en este viaje de negocios? Está planteado el problema del uso de los recursos públicos para el beneficio privado".
Durante varias décadas, las familias cercanas de todos los presidentes de EEUU han visto garantizada su seguridad personal a través de guardaespaldas financiados por el Estado, sobre todo en ocasión de viajes al extranjero o destinos peligrosos.
"El Servicio Secreto no tiene alternativa, dónde y cuándo sea, y cueste lo que cueste, ya sea un viaje internacional o uno doméstico", explicó Ralph W. Basham, ex director de la agencia.
Sobre los proyectos privados de los Trump en Uruguay
Los Trump, que no poseen el proyecto de Punta del Este, licitaron su nombre a sus desarrolladores, quienes pagaron por este entre USD 100.000 y USD 1.000.000, de acuerdo con declaración de la compañía presentada en mayo pasado.
La torre de 26 pisos se encuentra actualmente en construcción. Se espera que sus condominios —cuyo valor comienza en USD 550.000 y asciende a USD 8 millones— estén terminados a finales de 2018.
Durante el viaje, Eric Trump respondió preguntas de los medios locales sobre algunas cuestiones políticas, incluidas consultas sobre el presidente de Argentina y cómo sus políticas han afectado las propiedades de los Trump en Uruguay. Aunque aseguró: "No hablo de política. (…) No es mi mundo. Soy un hombre de negocios".
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