La nueva geopolítica de Petrobras desafía al medio ambiente y forja alianzas con China y Emiratos Árabes Unidos

La agenda política de Lula sigue prometiendo ser cada vez más verde. Él mismo lo dijo el pasado noviembre. “Brasil puede ser la Arabia Saudí de la energía verde”, había declarado el presidente ante un parterre de empresarios de Arabia Saudí interesados en invertir en Brasil. Ayer, la secretaria de Comercio Exterior de su Gobierno, Tatiana Lacerda Prazeres, en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo, reveló que Brasil, en su turno de presidencia del G20, hará una propuesta “ambiciosa” a los países del grupo que utilizan la sostenibilidad ambiental “para promover sus propios intereses proteccionistas”.

“La agenda de la sostenibilidad es una prioridad para el gobierno brasileño”, afirmó Lacerda Prazeres. No obstante, añadió que Brasil propondrá que las normas para un comercio más sostenible “sean transparentes, prevean consultas con el sector privado, no sean más restrictivas de lo necesario para el objetivo que pretenden alcanzar y estén basadas en la ciencia”. Entre los ejemplos de políticas que no cumplen los principios que propondrá Brasil, la secretaria de Comercio Exterior indicó el impuesto fronterizo sobre el carbono de la Unión Europea. Se trata del Mecanismo de Ajuste Fronterizo del Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism en inglés), aprobado el año pasado que se aplicará a las importaciones de productos fabricados fuera de la Unión que emitan CO2. De este modo, las empresas extranjeras tendrán un incentivo para adoptar las mismas normas de producción respetuosas con el medio ambiente que las europeas. El mecanismo entrará en vigor de forma gradual, entre 2026 y 2034, tras un periodo transitorio de tres años en el que los bienes importados sólo tendrán que registrarse.

Pero ésta no es la única contradicción del gobierno brasileño. A finales de enero, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, firmó un acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para la transición energética. Con sede en París, la AIE reúne a 50 países que representan el 80% del consumo mundial de energía. El plan incluye la elaboración de estudios, la producción de políticas públicas y el intercambio de bases de datos para fortalecer la transición energética. También abarca la evaluación de mecanismos para financiar fuentes como el hidrógeno verde y los biocombustibles, como las ayudas de los países ricos. “Con nuestra experiencia - dijo el ministro brasileño Silveira - podemos ayudar a otras naciones a superar la transición energética, pero también a combatir la pobreza energética. Estamos avanzando en la construcción de vías que hagan realidad los objetivos climáticos y promuevan el desarrollo socioeconómico de nuestro país y del mundo”.

Sin embargo, en Brasil los combustibles fósiles siguen prevaleciendo sobre las energías renovables. De hecho, representan el 52,6% del suministro energético, según el balance energético de la Empresa de Investigación Energética (EPE), vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con un 35,7% procedente del petróleo y sus derivados. En la COP28, Brasil también anunció su adhesión a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados (OPEP+), que reúne a 13 naciones aliadas del principal grupo de la OPEP, una decisión muy criticada por organizaciones como Greenpeace. Además, el año pasado, al lanzar el nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), a pesar del énfasis en la transición energética, una quinta parte de los 1,7 billones de reales (0,34 billones de dólares) de inversiones previstas se destinará a las áreas de petróleo y gas. Mientras que el presupuesto para combustibles bajos en carbono es de 26.100 millones de reales, 5.252 millones de dólares, los combustibles fósiles recibirán 335.100 millones de reales, 67.430 millones de dólares.

Además de tener que reestructurar todo el sector del transporte, que es el mayor consumidor y emisor de carbono, Brasil se enfrenta a contradicciones internas como la pobreza energética, una condición que afecta al 11% de los hogares brasileños. Una familia está en situación de pobreza energética cuando gasta en energía más del 10% de sus ingresos. Luego están los factores externos, como la insistencia en explotar el petróleo para la exportación y en invertir en las refinerías del país. El martes, el presidente de la petrolera nacional Petrobras, Jean Paul Prates, anunció la inminente conclusión de las negociaciones con el fondo de inversión emiratí Mubadala Capital para recuperar la participación brasileña en la refinería de Mataripe, en el estado de Bahía. No se dieron detalles, pero es importante recordar que Lula, cuando asumió el cargo el año pasado, se había opuesto a la venta de esta refinería, que tuvo lugar en el anterior gobierno de Jair Bolsonaro.

La refinería había pasado a manos de Mubadala Capital y una investigación aún en curso ha especulado con que las joyas que Bolsonaro recibió de Arabia Saudí y retuvo podrían haber sido un soborno para la compra de esta infraestructura petrolíferas. Los fondos estatales saudíes tienen varias inversiones conjuntas con Mubadala Capital, propiedad de la familia real emiratí. Además, el pasado mes de enero, la Contraloría General de la Unión (CGU) estableció en un informe que la refinería de Mataripe se vendió por menos del precio de mercado, es decir, por sólo 1.650 millones de dólares. De ahí la investigación abierta por la propia Petrobras.

Por eso, muchos se preguntan por este repentino cambio de rumbo de la petrolera brasileña, que ahora está dispuesta a compartir una participación con los árabes, y se preguntan si este nuevo enfoque tiene algo que ver con Cuba. El lunes pasado, de hecho, el ministerio de Asuntos Exteriores de la isla anunció desde La Habana un acuerdo entre los gobiernos de Cuba, Emiratos Árabes y Brasil que permitirá el envío de alimentos por un valor total de 50 millones de dólares desde Brasil, pero financiados por Emiratos Árabes, país con el que Cuba también ha firmado un memorando de cooperación en materia de gobernanza. Sin embargo, ambos países están unidos por el autoritarismo y las políticas represivas contra la libertad de expresión, como ha denunciado en varias ocasiones la organización no gubernamental Human Rights Watch. En cuanto a este nuevo acuerdo a tres con Brasil - una especie de “oil for food” (“petróleo por alimentos”), con la motivación oficial de paliar la grave crisis alimentaria provocada por las políticas del régimen castrista - en realidad permite gigantescos movimientos de dinero y triangulaciones desde Emiratos Árabes hacia América Latina.

Y por si fuera poco, la polémica entre Petrobras y los órganos institucionales de control ambiental, ya surgida en los últimos meses en torno al proyecto de la petrolera de explotar los yacimientos de la desembocadura del río Amazonas, corre ahora el riesgo de estallar. Petrobras, que desde 2014 ha solicitado al Ibama una licencia para el proyecto, calcula que las reservas, situadas a 175 kilómetros de la costa de Amapá y a 2.880 metros de profundidad, contienen 30.000 millones de barriles. Sin embargo, en los últimos días un informe del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Ibama, calculó que el impacto ambiental que la exploración petrolífera causaría en la región sería de alrededor del 0,5% en una escala de 0 a 0,5%.

Los principales componentes del indicador - magnitud y persistencia de los impactos, biodiversidad y deterioro de un área prioritaria - también alcanzaron un índice del 0,5%. Tras la publicación del informe, Petrobras afirmó en una nota enviada al diario Folha de São Paulo que la aplicación de estos componentes “es susceptible de subjetividad” y que “calcular el grado de impacto no significa que la actividad prevista por Petrobras vaya a tener un impacto en el medio ambiente o en áreas sensibles y fauna”. En un reciente dossier del Observatorio del Clima, editado por la ex presidenta del Ibama, Suely Araújo, se subraya que “es necesario limitar al máximo la expansión de la producción de petróleo, que choca con la realidad de la crisis climática y con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía”. La organización también hace una propuesta urgente para vetar la expansión de la exploración de petróleo y gas en alta mar en zonas de reconocida sensibilidad medioambiental. “No se puede ser líder climático y ‘Estado petrolero’ al mismo tiempo”, criticó Araújo.

El hecho es que, sin nuevas reservas, “Brasil será insignificante en producción de petróleo” hasta 2050, como afirmó el propio Director Ejecutivo de Exploración y Producción de Petrobras, Joelson Mendes. Hasta ahora, más del 70% de la producción nacional procede del llamado presal brasileño, es decir, las reservas nacionales entre los estados de Santa Catarina y Espírito Santo, pero estas reservas están menguando. En el extranjero Petrobras apunta a Colombia, donde sigue explorando un importante descubrimiento de gas en alta mar y “prevé perforar al menos dos pozos más este año”, aseguró Joelson Mendes. La petrolera brasileña también está estudiando los datos sísmicos de tres bloques de exploración en Santo Tomé y Príncipe, dos islas volcánicas frente a la costa de África central que han mostrado similitudes geológicas con Guyana. La empresa también compró participaciones minoritarias en bloques de Shell a finales del año pasado, lo que supuso su regreso a África, donde la dirección anterior había vendido activos.

A finales del año pasado, el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, también anunció la creación de Petrobras China, con sede en el país asiático. El gobierno de Lula ya había inaugurado una oficina de Petrobras en China en 2004, durante su primer mandato, luego cerrada en 2019 por el gobierno Bolsonaro. Pero la propuesta de Prates parece ir más allá de la idea de una simple oficina de representación. De hecho, Prates especificó que Petrobras China será una empresa brasileño-china “para facilitar las negociaciones, un vehículo para el trabajo comercial”. En el tercer trimestre de 2023, China llegó a comprar el 40% del petróleo brasileño, con una media de 600.000 barriles de petróleo al día, lo que la convierte en el mayor cliente de Brasil. Sin embargo, hay que recordar que Petrobras firmó recientemente acuerdos con los dos principales bancos chinos, el China Development Bank y Bank of China, para inversiones en proyectos de bajas emisiones de carbono y financiación verde. De hecho, el gobierno chino ya es socio de Petrobras en el presal. La estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) tiene una participación del 7,34% en Búzios, mientras que China National Oil and Gas Exploration and Development Company (CNODC), otra estatal de Pekín, posee el 3,67%. CNOOC también tiene una participación del 10% en el consorcio del área de Libra, donde se encuentra el yacimiento de Mero, en la cuenca de Santos, al igual que la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC). Otra empresa china con producción en Brasil es la estatal Sinochem, con una participación del 40% en el yacimiento de Peregrino, en la cuenca de Campos, operado por Equinor, una estatal noruega.

Existe la preocupación entre los analistas de que la nueva estrategia geopolítica de Petrobras pueda resucitar los viejos fantasmas del pasado, cuando la petrolera estuvo en el centro de la investigación de la Lava Jato sobre el escándalo del “Petrolão”, que reveló la malversación de fondos de la petrolera nacional. Estos días, la prensa brasileña se pregunta si “Lula meterá mano en Petrobras” como ya intentó hacer con el gigante minero Vale, donde quiso colocar al ex ministro de Economía Guido Mantega, sin éxito. La empresa estatal ha confirmado, de hecho, que ha recibido instrucciones del gobierno para el nuevo consejo de administración.

Desde su elección, Lula ha criticado con frecuencia la política de precios de Petrobras y el pago de dividendos a los accionistas. Cuando Jean Paul Prates asumió la dirección de la petrolera, una de las primeras medidas que decidió fue que el criterio de paridad de precios de importación, el llamado PPI, dejaría de ser el único parámetro de Petrobras para fijar los precios. Esto también fue seguido de un cambio en los estatutos de la empresa. Durante el gobierno Dilma fue precisamente el control de los precios del petróleo para controlar la inflación lo que contribuyó a la grave recesión económica de 2015. Aunque hasta ahora Petrobras ha mantenido bajo control el precio de la gasolina, un aumento medio de alrededor del 3,5% en los últimos días ha hecho saltar las alarmas. Esta vez la subida de precios está directamente relacionada con el aumento del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) aplicado a la gasolina en todo Brasil. El valor fijo del impuesto sobre la gasolina pasó de 1,22 a 1,37 reales por litro, un aumento del 12,5% a partir del 1 de febrero. El riesgo ahora es que la inflación vuelva a subir, ya que la mayoría de las mercancías en Brasil viajan por carretera.